Longo Quiñones rechazó las expresiones del Pfei que establecen que Justicia no proveyó suficiente evidencia para probar los delitos de, al menos, seis integrantes del chat. (GFR Media)

Tras el archivo de la querella contra algunos de los integrantes del chat de Telegram, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, anunció hoy, viernes, que retomará la investigación contra los funcionarios y contratistas que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Pfei) decidió no ejercer jurisdicción.

Específicamente, el PFEI excluyó de su investigación al exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, los exsecretarios de la Gobernación Raúl Maldonado Gautier y Ricardo Llerandi y los excontratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D'Acosta.

Al mismo tiempo, ordenó el archivo de las alegaciones contra la exsecretaria de Prensa Yennifer Álvarez Jaimes, la directora de la Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez y al exsecretario de Auntos Públicos Anthony Maceira.

“Ya que el Panel ha determinado que el referido no incluía información alguna con respecto a estos asuntos, nos proponemos solicitar los casos sean devueltos en unión a la evidencia documental sometida en 37 cajas de contratos gubernamentales evaluados preliminarmente por el Departamento de Justicia”, comentó Longo Quiñones, en referencia tanto a los casos excluidos como a los archivados por parte del Panel.

A través de declaraciones escritas, la funcionaria anunció que retomará la investigación y asignará los recursos necesarios para evaluar la conducta que se puede procesar criminalmente.

“La cuantía de la evidencia que se tiene que evaluar no será impedimento para completar dicho análisis a nivel del Departamento de Justicia”, agregó la titular de Justicia, en referencia directa a su decepción con la evaluación realizada por el PFEI.

Sin embargo, el Artículo 5 de la Ley del PFEI (Ley 2 de 1988) establece que “si el Panel determinare que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial dicha determinación será final y firme y no podrá presentarse querella nuevamente por los mismos hechos”. Al momento, no queda claro cuál es el análisis legal que ha hecho Longo Quiñones para pedir retomar la investigación.

La titular de Justicia calificó también como “injustas, improcedentes e innecesarias” las expresiones del Panel, ya que mancilla la gestión de los fiscales y agentes investigadores de Justicia.

“Parece mentira que la relación de dos agencias que deben estar trabajando de la mano en beneficio del Pueblo de Puerto Rico se vea marcada por la insensata intención del Panel de menoscabar el trabajo realizado por losfuncionarios del Departamento de Justicia en cumplimiento con sus deberes ministeriales”, puntualizó Longo Quiñones en unas declaraciones escritas de cinco páginas.

“En un país donde la corrupción es una gran preocupación para la ciudadanía, menoscabar la gestión del Departamento de Justicia lo que puede hacer es promover un sentido de impunidad por parte de los que cometen delitos contra el Pueblo”, finalizó.


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