Almacén de ponce con suministros. (GFR Media)

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandaron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez para que entregue el informe sobre el almacén de suministros en Ponce que fue eje de controversia luego del terremoto del 7 de enero.

El recurso legal incluye como demandados al designado secretario de Estado, Elmer Román, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez.

En un comunicado de prensa, se explicó que la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, solicitó a ambos funcionarios copia del informe que entregó el NIE al gobierno el 20 de enero. El informe fue el resultado de una investigación que ordenó la gobernadora Wanda Vázquez- a realizarse en un plazo de 48 horas- luego de que el 18 de enero ciudadanos encontraran en Ponce un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del huracán María.

Según la demanda, la solicitud de la periodista nunca fue contestada.

Mientras, el CPI también pidió el informe a los oficiales de prensa de la gobernadora, del secretario Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE. La solicitud se hizo el 2 de febrero.

En el parte de prensa se alega que, “al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la gobernadora, contestó a Carla Minet (directora ejecutiva del CPI) que el informe había sido referido al Departamento de Justicia. Ese día, la directora ejecutiva del CPI recibió una respuesta similar de parte de los encargados de prensa del DSP. A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación”.

Suárez indicó que “con esta nueva petición de mandamus, los periodistas reiteramos nuestro compromiso con el derecho del pueblo puertorriqueño a tener acceso a la información pública y su disposición de ir a todos los foros necesarios para que el gobierno de Puerto Rico respete este derecho humano y constitucional tan fundamental para nuestra vida democrática”.

La Asspro y el CPI están representados por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó Minet.

“La información solicitada por Asppro y el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, advierte el recurso legal.

“El interés público en conocer el resultado de cualquier investigación relacionada al incidente y manejo del almacén de suministros en Ponce supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade.


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