El informe en torno a las presuntas irregularidades sobre el proyecto residencial Viewpoint at Roosevelt en Hato Rey será discutido en la sesión legislativa del jueves, indicó este lunes el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud, Eddie Charbonier.
El término límite para rendir el informe se cumplía hoy, por lo que el representante por el distrito 1 de San Juan solicitó un término adicional de 90 días a la Cámara de Representantes. Sin embargo, luego aclaró que radicaría el informe de 53 páginas antes de que culmine el día. Más temprano hoy, el presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez dijo en entrevista radial que referirá al Departamento de Justicia (DJ) esta semana un informe sobre presuntas irregularidades en el proyecto.
De acuerdo a Charbonier, el informe incluye referidos a Justicia, pero en el documento no se señalan personas específicas a ser referidas, dijo el legislador. El representante dijo que la jefa de integridad pública del Departamento de Justicia le cursó una misiva mostrando interés en el informe.
El proyecto consta de 130 apartamentos de bajo costo en la intersección de las avenidas Franklin D. Roosevelt y Luis Muñoz Rivera, en Hato Rey.
Charbonier indicó que nunca le quedó claro qué criterios utilizó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para designar el proyecto como crítico. No obstante, dijo que su "teoría" es que fue designado como tal ya que el hermano de la exjefa de personal de la JSF, Rosemarie Vizcarrondo, es socio del desarrollador Eduardo Nevares Chaulón.
Durante la pesquisa, dijo Charbonier, trascendió que el desarrollador recibió, no un crédito, sino una asignación de $181,000 del Municipio de San Juan para el proyecto, cuya construcción, valorada en $24 millones, no ha comenzado.
"Hay conducta impropia, conducta indebida de funcionarios públicos y privados, mal manejo de propiedad pública por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el incentivo económico del Municipio de San Juan", dijo Charbonier.
El legislador está anunciando los referidos a Justicia desde el 15 de mayo, fecha en que estaba citado el excoordinador de revitalización de la JSF, Noel Zamot, a una vista pública sobre la resolución de investigación. Zamot se excusó al plantear que estaba fuera del país y puso como requisito contestar preguntas a que se le adelantaran por escrito y que él las contestaría también por escrito.
Zamot fue quien desató un escándalo cuando denunció en una actividad pública supuestos actos de corrupción en el gobierno que impidieron que se aprobaran, bajo el Capítulo V de la Ley Promesa, otros desarrollos críticos más allá del complejo residencial.
“Con la prueba que presentó aquí la pastora (Elizabeth Rosado) De Guidini y la postura del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), hay irregularidades en el mal manejo de la propiedad pública. Es inaceptable que un desarrollador esté 15 años sin pagar una propiedad”, dijo Charbonier a El Nuevo Día el 15 de mayo.
Rosado De Guidini es pastora en la Iglesia El Sendero de la Cruz y denunció una serie de irregularidades durante administraciones populares y penepés para presuntamente beneficiar a Nevares Chaulón, actualmente representado por el bufete O’Neill & Borges. Este bufete también colabora con la JSF.
En síntesis, la iglesia pretendía construir una égida en el lugar, pero el lote fue arrendado en el 2004 por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a Nevares Chaulón, quien utilizó la propiedad para alquilarla como estacionamiento para la Universidad Politécnica.
La intención original de Nevares Chaulón con el terreno era construir un condominio de lujo.
Durante una vista pública el 5 de marzo, el DTOP informó que Nevares Chaulón mantiene una deuda de $254,400 con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por el arrendamiento del terreno. Esto provocó un pleito que se dilucida en el tribunal.
Nevares Chaulón se ha expresado por escrito en torno a la controversia, indicando que cumple con todos los permisos.
En julio de 2018, la JSF otorgó la primera designación de proyecto crítico a Viewpoint, lo que representó que pudo beneficiarse de un proceso expedito de permisología a nivel local y federal.
Sobre el proyecto, el entonces nominado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, rechazó durante su vista de confirmación ante la Cámara el pasado 2 de agosto haber insistido ante el liderato cameral para que se detuviera la investigación sobre la construcción del edificio en Hato Rey.
El presidente cameral indicó en su turno de preguntas que Pierluisi lo visitó a su oficina para hablar del proyecto, propiedad de Eduardo Nevares Choulón, cliente del bufete O’Neill & Borges, para el que trabajaba Pierluisi hasta justo antes de ser nombrado por Ricardo Rosselló Nevares al cargo de secretario de Estado.
“Todos los que estuvimos allí nos dio esa impresión y nos quedamos preocupados”, dijo Méndez cuando señaló que interpretó que Pierluisi había llegado allí para detener una pesquisa legislativa.
