Swain advirtió que no dará paso a un acuerdo que supone cambios en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica sin estar segura de que tiene autoridad para hacerlo. (horizontal-x3)
Swain advirtió que no dará paso a un acuerdo que supone cambios en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica sin estar segura de que tiene autoridad para hacerlo. (Ramón “Tonito” Zayas)

La jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, pareció sacar ayer la alfombra de los pies a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando indicó que la moción que se le presentó para aprobar el acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) en esa corporación pública carece de información macroeconómica y de conclusiones de derecho que le lleven a concluir que se trata de una transacción razonable.

A esos efectos, y tras la radicación de casi una decena de oposiciones al RSA en la AEE, Swain ordenó al ente que controla las finanzas de la isla y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que, a más tardar este viernes, le informe qué gestiones han hecho para lograr un entendido entre todas las partes que facilite la discusión del acuerdo en corte.

De igual forma, Swain dio a la JSF y a la Aafaf hasta el lunes próximo para presentar la información de hechos y de derecho que justifique avalar el acuerdo con el grupo organizado de bonistas de la corporación pública (Ad Hoc-AEE).

La observación de Swain, que planteó por lo menos en tres ocasiones que no entendía qué pretendía la JSF con aprobar el RSA en la AEE sin que hubiera un plan de ajuste ante su consideración, cayó como un balde de agua fría a los abogados de la JSF y la Aafaf, al punto de que la jueza otorgó un receso de 10 minutos para que estos pudieran decidir cómo atenderían sus observaciones.

Tras el receso, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, admitió a Swain que el plazo propuesto para presentar la evidencia requerida no era factible, por lo que Swain le concedió 24 horas adicionales, hasta el próximo martes, para cumplir con su exigencia.

La decisión de Swain, quien advirtió que no dará paso a un acuerdo que supone cambios en las tarifas de la AEE y que podría requerir legislación sin estar segura de que tiene autoridad para hacerlo, se produjo luego que la jueza atendiera un pedido del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) para que la AEE divulgue los documentos que dieron paso al pacto que solo incluye a los bonistas organizados (Ad Hoc-AEE) de la corporación pública y la aseguradora Assured Guaranty.

En cierto modo, la decisión de Swain supuso una victoria para la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y para organizaciones como el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, entidades que en sus escritos ante Swain destacaron que el acuerdo propuesto en la AEE altera las prioridades de pago en esa corporación pública y afectarían negativamente la economía de la isla.

En un intento por rescatar el tema, Bienenstock dijo a Swain que la JSF no tenía necesidad de acudir a la corte para obtener la aprobación del RSA, pero sostuvo que optaron por hacerlo para que los bonistas que suscribieron ese pacto respalden, posteriormente, el plan de ajuste que se presentará para la corporación pública y que eso suceda sin cambios en los términos negociados.

El mes pasado, la JSF y el gobierno anunciaron un nuevo acuerdo en el que se intercambiaría la deuda de la AEE a razón de unos 67 centavos de dólar y, tras suscribir el pacto, pidieron a Swain que diera su visto bueno. Pero luego de anunciarse el acuerdo, el UCC pidió conocer los fundamentos que dieron paso al pacto, abriendo la puerta para los señalamientos de la jueza.

En 30 días el plan de ajuste

El desarrollo en torno al acuerdo en la AEE se produjo durante la audiencia de junio de los casos de Título III, en la que Bienenstock también reveló que la JSF se propone radicar el plan de ajuste del gobierno central en los próximos 30 días.

Según Bienenstock, el plan de ajuste posiblemente contendrá pagos a los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) que se cubrirán con fuentes de repago como impuestos y con ingresos sujetos a la cláusula constitucional de “clawback”.

De igual forma, dijo el abogado, el plan de ajuste podría contener acuerdos para transar las reclamaciones de deuda inválida que hizo la JSF en el caso de la deuda de GOs y de la Autoridad de Edificios Públicos.

De otra parte, durante la audiencia, la jueza aprobó sobre una decena de objeciones de la JSF para invalidar cientos de reclamaciones de pago contra el gobierno por considerarse duplicadas y aprobó nuevos pagos a los abogados y asesores que participan de los casos de Título III.


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