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La Junta de Supervisión Fiscal (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) trabaja a toda prisa para lograr la confirmación del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), y no descarta imponer una reestructuración a los acreedores del gobierno central, en caso de que no avancen las negociaciones en el proceso de mediación que ha instruido el tribunal.

La suerte que eventualmente correrá Puerto Rico en materia de renegociación de la deuda y también sus acreedores se sabrá con mayor claridad en los meses de marzo y abril próximos, reveló ayer el principal asesor legal de la JSF, Martin Bienenstock, durante la audiencia de los casos de Título III celebrada en la corte de distrito federal de Puerto Rico.

Bienenstock explicó que la JSF prevé reanudar las negociaciones para reestructurar otras obligaciones del gobierno tan pronto llegue el nuevo año y reveló, además, que si durante las sesiones de mediación con bonistas y otros acreedores del gobierno central no se logra un entendido en términos económicos, se impondrá un plan de ajuste a los acreedores, lo que en la jerga técnica se conoce como “cram-down”.

Al advertir que el proceso de renegociación “no es un asunto simple”, Bienenstock explicó a la jueza Laura Taylor Swain que, al presente, parece haber algunas controversias con la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), así como otros asuntos vinculados al informe del investigador especial Kobre & Kim sobre las razones para el colapso financiero de la isla que podrían evitar un acuerdo consensual.

En el caso de la AEP, Bienenstock, también socio de Proskauer Rose, señaló que hay interrogantes en torno a si el alquiler que esa corporación pública cobra a otras agencias del gobierno constituye, en efecto, un arrendamiento bajo la sección 365 del Código de Quiebras federal.

La deuda emitida por la AEP se considera constitucional, pues es pagadera con ingresos que genera el propio Estado. Como resultado, dicha obligación incidiría en la capacidad de pago del gobierno central para responder a otros compromisos, como las Obligaciones Generales, que posee una promesa de pago establecida en la Constitución, y las pensiones.

Sobre el informe Kobre & Kim, Bienenstock pareció dejar la puerta abierta a posibles reclamaciones de parte de la JSF.

El mes pasado, y luego de crear un comité de reclamaciones para analizar la posible radicación de acciones contra quienes pudieron contribuir al colapso financiero de Puerto Rico, la JSF anunció la contratación de la firma Brown Rudnick para que le ayude en tales menesteres. Según Bienenstock, el ente fiscal interesa radicar el plan del gobierno central a partir de un entendido con los acreedores y tan pronto sea posible.

Pero, acto seguido, reconoció que ello podría ser inviable, pues al presente, “no hay razones para apostar” a una mejora en los prospectos económicos de la isla, a menos que Puerto Rico adopte cambios drásticos, como sería derogar la Ley 80 sobredespedidos injustificados.

Es la primera vez que, en los procesos de Título III, la JSF, por vía de su principal asesor legal, hizo una referencia directa a la imposición de un plan de ajuste a los acreedores del gobierno, un mecanismo provisto en Promesa y que permitiría modificar la deuda de la isla aun cuando sus tenedores objeten los términos que se pongan en la mesa.

“No se sorprenda si le pido otro informe del estatus de las negociaciones en enero”, dijo Swain a Bienenstock, al señalar que es importante que el pueblo de Puerto Rico esté enterado del curso de la renegociación de la deuda y destacar que el asunto también genera incertidumbre y preocupación en miles de personas.

En ruta el pacto en Cofina

Aparte de la renegociación de obligaciones atadas al gobierno central, Bienenstock destacó la reciente consumación de la renegociación de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el ajuste de las obligaciones de Cofina, lo que debiera cobrar forma en enero.

En ese caso, el también abogado de la JSF e integrante de Proskauer Rose, Brian S. Rosen, dijo a Swain que el proceso de votación sobre el plan de ajuste de Cofina ya se encontraba en curso.

Rosen explicó a la jueza que el ente fiscal estaba en proceso de depurar las reclamaciones de acreedores de Cofina, pues aunque esa dependencia solo emitió unos $17,000 millones en bonos, el registro de reclamaciones apuntaba a un balance de unos $10 billones (“trillions”).

El abogado explicó que la astronómica cifra respondía a reclamaciones duplicadas, lo que se produjo cuando individuos y entidades radicaron por sí peticiones que ya estaban calculadas en las reclamaciones presentadas, a nombre de bonistas, por el custodio de la deuda de Cofina, Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Rosen pareció confiado en que, de cara a la audiencia de confirmación, el plan de ajuste de Cofina no tendrá detractores. Ello, porque la JSF entabla conversaciones con BNY Mellon, al igual que con el fondo de inversiones Whitebox y la aseguradora Ambac Assurance acerca de ciertos honorarios y pagos asociados a la transacción, a fin de resolver las diferencias entre las partes.

De igual forma, Rosen informó que el Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que objetó parcialmente el plan de Cofina, retiró su moción.

En principio, el COR impugnó que el plan de ajuste de Cofina no establezca que, a futuro, la deuda que emita esa entidad tendrá que calcularse como parte del margen constitucional de Puerto Rico.

Sinembargo, el abogado del COR, A. J. Bennazar Zequeira, reveló ayer que su cliente y la JSF han mantenido múltiples reuniones y conferencias telefónicas, por lo que el comité sometería un documento en el tribunal para retirar sus objeciones.

A menos que surjan objeciones al plan de Cofina en o antes del 2 de enero, la jueza Swain podría dar paso al plan de ajuste de Cofina tras una audiencia especial el 16 de enero.

Unos 15 días más tarde, se reanudaría la jornada de audiencias generales de los casos Título III.


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