Oficina Central de la AEE en Santurce. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced se mostró hoy complacida con la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de posponer la audiencia en la que se discutiría ante la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende los casos bajo la Ley Promesa, el acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya que esto permitiría revisar mejor el documento.

La funcionaria indicó aprovecharán este periodo para buscar la mejor alternativa para la situación fiscal de la corporación pública que desde el 2014 está en incumplimiento con sus acreedores, entre ellos, bonistas, bancos y proveedores de servicios.

“Ese tema es importante para el pueblo. Tenemos que buscar la mejor alternativa para la Energía Eléctrica. Eso es medular… Creo que es un tiempo que ganamos para llegar a la mejor decisión. Vamos a buscar la mejor alternativa donde en todas las consideraciones los beneficiados será el pueblo”, dijo la mandataria en una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones en Miramar.

A menos de un mes, de que la jueza Swain deba analizar la pertinencia del acuerdo con el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE), la JSF y el gobierno puertorriqueño pidieron a Swain que les conceda más tiempo, incluyendo retrasar la audiencia para permitir que la AEE obtenga “más progresos” en su transformación operacional y para que la Legislatura apruebe la ley que sería necesaria para viabilizar la transacción.

Si Swain concede la extensión solicitada por la JSF, sería la octava enmienda a la orden que emitió la jueza para analizar el RSA en la AEE y la quinta en que el organismo fiscal pide posponer, lo que sería el segundo acuerdo con acreedores bajo el Título III de Promesa.

De acuerdo con la moción de la JSF, el gobierno avanza en su agenda para privatizar la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico. Específicamente, según la moción, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) está en conversaciones con las empresas interesadas en manejar dicha infraestructura y negociar los términos finales de esta.

Según el documento, la JSF trabaja junto a la AAPP para agilizar el proceso de privatización y la agencia debe efectuar “la selección final de un proponente y completar los contratos relacionados, temprano el año próximo”.

Hace cerca de un año, la AAPP informó que Duke Energy, Exelon Corporation, PSEG Services Corporation y un consorcio encabezado por ATCO Ltd y Quanta Services habían llegado a la recta final del proceso de licitación.

De las cuatro entidades, Exelon se habría retirado del proceso a mediados de año, reportó ante El Nuevo Día.

“Con respecto a la legislación, las partes del gobierno están inmersas en el proceso legislativo para respaldar la salida de la AEE de Título III (de quiebra territorial) y las transacciones contempladas bajo el RSA”, reza la moción conjunta en la que prácticamente se da por sentado que la rama legislativa avalará el acuerdo que ha sido cuestionado por organizaciones empresariales, economistas y organizaciones cívicas y de análisis financiero.

Pese a los planteamientos de la JSF en corte, diversos líderes legislativos han planteado que no darán su apoyo a la transacción.

En su reclamo, el organismo fiscal plantea que el acuerdo, así como las mociones incoadas por acreedores para que se divulguen los documentos o el proceso que siguió en dicha negociación, podrían discutirse en una próxima audiencia general en torno a los casos de Título III de Puerto Rico.

Siete meses de posposiciones

La moción conjunta de la JSF, la Aafaf y la AEE radicada este martes es una súplica reiterada a una moción radicada el pasado 14 de diciembre con iguales propósitos y el contrargumento del organismo fiscal a las objeciones que Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee, al igual que Cortland Capital han presentado a Swain a una nueva posposición.

El verano pasado, la JSF pidió a la corte, aprobar el RSA pactado con el Ad Hoc-AEE y las aseguradoras Assured y National como un preludio al plan de ajuste de la corporación pública.

El pedido resultó en al menos dos procesos adversativos y una objeción a la propuesta de la JSF por parte de los acreedores para saber cómo el organismo fiscal llevó a cabo la transacción, invocando la regla 9019 del Código de Quiebras.

Desde entonces, Swain ha concedido tiempo adicional, extendiendo las fechas en las cuales la JSF debe presentar documentación a la corte, al igual que ha pospuesto la vista para discutir el asunto en por lo menos cinco ocasiones, según alegaron Assured y National.

Al presente, la fecha límite para que la JSF cumpla con el proceso establecido es el próximo 18 de diciembre en el caso de la moción bajo la regla 9019 y el 23 de diciembre para procesos adversativos. La JSF pide retrasar dicha fecha hasta el próximo 10 de enero.

El RSA contiene cláusulas para indemnizar a los acreedores que respaldan el acuerdo a medida que se atrase su discusión en corte.

“El RSA se firmó el 3 de mayo de 2019, más de siete meses atrás”, señalaron los abogados de Assured y National al oponerse parcialmente a una nueva posposición.

“Las partes que respaldan (el RSA) no deben estar forzados a esperar más antes de obtener la certeza y la paz mental que solo puede alcanzarse a través de la aprobación de la corte a ciertas provisiones del RSA. Los retrasos deben terminar”, insistieron las aseguradoras municipales.

Por su parte, Cortland Capital, una de las firmas que administra los préstamos otorgados a la AEE para la compra de combustible indicó que no se opone a que se posponga la audiencia del próximo 14 de enero, pero indicó que, si fuera el caso, será necesario modificar el calendario de su proceso adversativo.

El pedido de la JSF se produce al tiempo en que la gobernadora Wanda Vázquez Garced -que tomó el cargo por disposición constitucional- ha anunciado su interés de aspirar a la gobernación bajo el Partido Nuevo Progresista.


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