Toa Baja, una de las zonas más afectadas por el huracán María, fue uno de los municipios que no tenían su plan de mitigación vigente en el 2017. (GFR Media)

A tres meses de haber iniciado la temporada de huracanes, solo 28 de los 78 municipios tienen sus Planes de Mitigación Multirriesgo vigentes y aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

No tener aprobados estos planes de mitigación no solo impide el acceso de los municipios a fondos federales para dar paso a la recuperación resiliente del país, sino que también incide en la preparación efectiva de la isla ante cualquier otro fenómeno atmosférico o emergencia.

De acuerdo con FEMA, actualmente tienen 21 planes de mitigación bajo revisión. No obstante, la Junta de Planificación (JP) informó que son 12 los documentos que están en revisión.

En enero de este año, la JP asumió la responsabilidad de revisar los planes de mitigación de los municipios, una tarea que previamente realizaba el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) a través de su división de Planificación y Mitigación.

La JP presentó una propuesta a FEMA, que fue aprobada, para hacer esa tarea al tiempo que la división encargada en el NMEAD fue desmantelada, según ha reconocido el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román.

Pero el cambio no ha resultado en agilidad y efectividad en medio de la recuperación que buscan los municipios tras el paso del huracán María, al tiempo que el dinero del gobierno federal para esos efectos llega con cuentagotas.

“Veo que hay dualidad de esfuerzos y dilatan (el proceso)”, dijo Javier Vélez Arocho, consultor de varios municipios para la confección de planes de mitigación.

El plan de mitigación es requerido por el gobierno federal, identifica zonas vulnerables a eventos naturales y cómo prevenir y subsanar su impacto en el futuro.

Con la nueva tarea, la JP recibió $5.3 millones de fondos del Hazard Mitigation Grant Program, que eran usados por los municipios para confeccionar sus respectivos planes de mitigación. La JP optó por contratar a la empresa foránea Atkins Caribe LLP para hacer los planes.

El acuerdo contractual es por $1.7 millones, vigente desde el 17 de enero de este año hasta el 17 de enero del 2022, y contiene una cláusula para aumentar la cifra en $2.4 millones adicionales.

Un mes después de la contratación de la empresa Atkins Caribe LLP, en febrero de este año, la Autoridad de Alianzas Público Privadas, a nombre de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), contrató a la empresa foránea Arcadis Caribe para también confeccionar planes de mitigación, pero para 12 municipios.

El contrato con esa empresa ascendió a $111,516 y venció el 30 de junio, pero se extendió hasta diciembre de este año.

Vélez Arocho precisó que sometió el plan de mitigación de Guánica a la empresa Arcadis en mayo del 2018 y aún no ha sido certificado. Apenas en marzo pasado, la empresa le solicitó comentarios.

Mientras que el plan de mitigación de Juana Díaz lo presentó en noviembre de 2018 y también aún espera por la certificación.

Agregó que cuando los planes de mitigación eran confeccionados por los municipios y los revisaba el NMEAD para ser certificados por FEMA, el proceso tomaba de 90 a 120 días.

Atrasos de hace años

Antes de que la isla sintiera la furia del huracán María en 2017, 18 municipios tenían expirados sus planes de mitigación de riesgo. Dos años después, ninguno de estos planes ha concluido el proceso de certificación, que empieza en la JP y concluye con el aval de FEMA.

Posterior al ciclón y hasta la fecha, los planes de mitigación de otros 32 municipios también se expiraron, para un total de 50, confirmó la JP.

En total, solo 28 municipios tienen sus planes de mitigación vigentes, pero 12 de estos vencen este año. De hecho, nueve de esos 12 vencen en este mes de septiembre, según un listado provisto por la JP.

Rebecca Rivera, planificadora y miembro asociado de la JP, atribuyó los atrasos en la evaluación de los borradores sometidos por los municipios al alto volumen de trabajo.

“Estamos trabajando arduamente desde que recibimos la asignación de fondos (federales). Comenzamos en enero de 2019 a trabajar directamente con los municipios. En seis a siete meses teníamos radicados los primeros planes de mitigación de 11 municipios”, dijo.

Rivera dijo que optaron por contratar a la empresa Atkins porque la JP no tiene la capacidad de hacer el trabajo sola. Y, aunque el contrato es hasta el 2022, sostuvo que buscan conformar un equipo de trabajo para “que podamos, en un futuro, o más adelante, poder realizar los trabajos internamente”.

Preguntada sobre qué intervención o ayuda tienen del área de Planificación y Mitigación del NMEAD, Rivera dijo que “ellos participan de los procesos”.

Este diario supo que no hay intervención alguna de empleados de esa área, ya que al crearse el COR3, se llevó esas funciones junto con el representante autorizado del gobernador ante FEMA.

Por su parte, el COR3 no proveyó información sobre la contratación de Arcadis, que resultó en la privatización de una faena que hacía el NMEAD.


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