A mediados de febrero, el primer circuito de apelaciones determinó que los nombramientos de los siete miembros de la JSF son inconstitucionales. (GFR Media)

Washington - Al advertir que ahora está bajo la jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el municipio de San Juan se sumó esta semana a los que reclaman al Tribunal Supremo de Estados Unidos que anule decisiones tomadas por los miembros del ente financiero y confirme que los nombramientos de sus miembros actuales fueron hechos en contravención de la Constitución estadounidense.

En un recurso de ‘amigo de la corte’, los abogados del municipio capitalino – dirigido por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz-, mantuvieron que el Primer Circuito de Apelaciones federales erró al utilizar la doctrina de “funcionarios de facto” para permitir que puedan seguir siendo válidas las acciones de los miembros de la JSF, que controla las decisiones fiscales de Puerto Rico, pese a que determinó que fueron nombrados en violación de la cláusula constitucional de nombramientos.

A mediados de febrero, el foro de apelaciones determinó que los siete miembros con plenos derechos en la JSF son funcionarios federales de alto nivel y declaró inconstitucional que fueran nombrados principalmente a base de recomendaciones de los líderes del Congreso, sin ser confirmados por el Senado de Estados Unidos. Pero, reconoció las decisiones tomadas por el organismo, que incluyen la reestructuración de parte de la deuda pública de la isla.

La decisión del Primer Circuito ha permitido que los miembros de la JSF hagan uso “flagrantemente” de su poder y colocaran a los 78 municipios de Puerto Rico bajo su jurisdicción, indicó el municipio de San Juan.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos – que llevará a cabo una audiencia oral el 15 de octubre-, revisa la validez de los nombramientos y el poder que tenían los miembros de la JSF para tomar decisiones como “funcionarios de facto”, si se confirmara la decisión del foro de apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos.

El puertorriqueño de a pie ha visto como un grupo de “intrusos (y) usurpadores” le arrebata “el derecho de participar de manera significativa y en igualdad en el proceso de gobernar”, señaló el recurso que encabeza como abogada Julissa Reynoso, de la oficina de Nueva York del bufete Winston & Strawn. Reynoso fue embajadora de Estados Unidos en Uruguay.

“San Juan tiene un interés directo en la preservación del sistema que permite y protege los derechos democráticos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico, que requiere la puesta en vigor de pesos y contrapesos adecuados sobre la JSF”, agregó el argumento del municipio de San Juan.

Tanto la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) como la firma de inversiones Aurelius y la aseguradora Assured Guaranty, que iniciaron el proceso judicial en contra de la constitucionalidad de la JSF, mantienen el reclamo de que se deben anular todas las decisiones tomadas por el ente fiscal y que el foro de apelaciones se equivocó al aplicar la doctrina de funcionarios de facto que ha permitido validarlas.

El municipio de San Juan pide que se cancelen particularmente las decisiones tomadas después de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones del 15 de febrero, aunque expresan simpatía con la posición de la UTIER.

El gobierno de Estados Unidos y la JSF, con el respaldo del gobierno de Puerto Rico, han pedido al tribunal que revoque la declaración de inconstitucionalidad sobre los nombramientos de los miembros de la JSF, los que considera funcionarios territoriales, que no necesariamente tenían que ser designados directamente por el presidente Trump y confirmados por el Senado.

Tanto la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) como la Asociación de Abogados de las Islas Vírgenes estadounidenses comparecieron, independientemente, para recomendar al Tribunal Supremo de Estados Unidos que aproveche este caso para revocar  o  reconocer límites a la doctrina de los Casos Insulares que, entre otras cosas, otorga poderes plenarios al Congreso sobre sus territorios, permite no hacer vigente en esas áreas insulares todos los derechos de la Constitución estadounidense e incluye toda una teoría racista en torno a los residentes de esas jurisdicciones.

“Los Casos Insulares son una mancha en la jurisprudencia constitucional de este tribunal”, indicó la ACLU.

Esta semana, los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla presentaron también un recurso judicial, como amigos de la corte, para rechazar el argumento de los gobiernos de EE.UU. y Puerto Rico, y la JSF en el sentido de que si los miembros del ente fiscal son funcionarios federales de alto nivel  - no territoriales-, que requieren confirmación por el Senado estadounidense, la misma exigencia puede hacerse al gobernador y los legisladores de laisla.  

Los exgobernadores, elegidos bajo la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD), indicaron que “pese a las declaraciones denigrantes de Estados Unidos (en el caso), los funcionarios electos de Puerto Rico no son elegidos de conformidad con un acto del Congreso”.  Aunque el Congreso autorizó la Constitución de Puerto Rico – incluso ordenando enmiendas de forma unilateral-, los exgobernadores populares – representados por el abogado José Alfredo Hernández Mayoral-, señalaron que la carta magna local “no representa un acto” del legislativo federal.

Los exgobernadores reconocieron que la ley Promesa ha tenido como resultado que “una Junta designada por el gobierno federal asuma el control sobre asuntos encomendados por el pueblo de Puerto Rico, a través de su Constitución, a los funcionarios electos". Pero, en busca de aún tratar de avivar el status territorial, comúnmente llamado Estado Libre Asociado, argumentaron que el caso de Sánchez Valle, que reconoció que la última fuente de poder en Puerto Rico está en el Congreso, no puede interpretarse más allá de la protección constitucional contra la doble exposición a cargos criminales.

Más de 50 funcionarios electos del PPD, legisladores y alcaldes, también comparecieron como amigos de la corte para oponerse a los argumentos de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico, así como de la JSF, de que bajo la decisión del Primer Circuito en torno a los miembros del ente fiscal, queda en entredicho si el gobernador y los legisladores, pese a ser electos, deberían también ser confirmados por el Senado de Estados Unidos.

Los funcionarios electos del PPD afirmaron que es de suma importancia ‘frenar en lo posible” la autoridad de la JSF, para que “Puerto Rico pueda retener el mayor grado de gobierno democrático posible”. “Los miembros de la JSF deben persuadir a este honorable tribunal con su argumento de que queden ser exentos de los rigores de la cláusula de nombramientos sin tomar lo que queda de la democracia puertorriqueña y mantenerla como rehén”, indicaron los funcionarios electos del PPD.


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