El refugio de la escuela vocacional Bernardino Cordero Bernard fue el primero que se habilitó en Ponce tras el terremoto de magnitud 6.4 del martes. (Juan Luis Martínez Pérez)

Ponce - En cinco de los seis municipios más afectados por los incesantes temblores de las pasadas semanas, los daños en viviendas, edificios públicos y comercios sobrepasan preliminarmente los $460 millones, una cifra superior a los $110 millones que el gobierno central ha estimado hasta el momento.

La multimillonaria cifra corresponde a los pueblos de Ponce, Guánica, Guayanilla, Yauco y Utuado, cuyos alcaldes o coordinadores de emergencia confirmaron, por separado, a El Nuevo Día que notificaron los daños preliminares al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Al cierre de esta edición, Peñuelas aún no tenía una cifra preliminar sobre la cuantía de la destrucción en la estructura física, y Guayanilla solo había contado el impacto en las estructuras municipales, por lo que la cifra podría dispararse aún más.

Ayer en la tarde, había 4,471 personas refugiadas, según cifras oficiales. Los coordinadores de emergencia y la Guardia Nacional se concentraban en garantizar la seguridad de los refugios y el abastecimiento de agua, alimento y los catres a los damnificados.

El problema mayor, a corto y mediano plazo, será atender efectivamente a alrededor de 3,000 familias que tuvieron que ser desalojadas porque sus casas colapsaron o estaban en riesgo de caer al piso, al igual que residentes en condominios y residenciales públicos con la misma situación de estructuras vulnerables.

“Tenemos varias alternativas que nos vamos a sentar con cada una de estas personas. Importantísimo el censo que están llevan a cabo los alcaldes”, expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garced al culminar su reunión con los alcaldes, en la cual les entregó un cheque de $2 millones a cada uno.

Mencionó, entre esas alternativas, la posibilidad de otorgar vales del Programa Sección 8 o localizar a los desplazados en unidades vacantes que se identifiquen en los edificios de la Administración de Vivienda Pública.

Solamente en Yauco, el alcalde Ángel Luis “Luigi” Torres, dijo a El Nuevo Día que manejan una proyección de 3,500 viviendas con daños, equivalentes al 22% del total de residencias en ese municipio. Al momento, el personal municipal contabilizó 56 casas colapsadas, 227 en riesgo de colapso y 857 con daños.

Según las cifras que manejan los seis municipios, más de 2,000 familias tienen sus casas con grietas o colapsadas a consecuencia del terremoto del martes, 7 de enero. Hasta ahora, se ha informado sobre 700 residencias colapsadas o en riesgo de colapsar.

Los municipios tienen de forma inmediata $2 millones que la gobernadora les adelantó del Fondo de Reserva para Emergencias, los cuales comenzarán a gastar esta semana. El alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry, comentó a este diario que se le recomendó usar el dinero en suministros y otras ayudas inmediatas.

“Tengo que ser bien juicioso porque $2 millones se acaban bien rápido en una situación como esta”, reaccionó.

Por su parte, el alcalde de Yauco informó que posiblemente utilice el dinero para el alquiler de vagones como vivienda temporera para los damnificados.

Entretanto, Vázquez Garced ofreció una respuesta muy general en cuanto al uso de los fondos restantes dentro del total de $260 millones destinados para emergencias de los años fiscales 2019 y 2020.

“El dinero va fluyendo de conformidad con las necesidades… Obviamente, vamos a trabajar con las necesidades de vivienda, las estructuras de gobierno, como el Municipio de Guánica, que no tiene centro gubernamental”, respondió la mandataria.

En Ponce, tuvieron que desalojar más de 800 familias de cinco edificios de Vivienda Pública, que sufrieron daños graves. Estos son Villa Caribe, Las Américas Housing, Condominio La Ceiba, Miramar Housing y San Luis Apartments, según la directora de la oficina de Vivienda Pública en la región sur, Johmalis Matías Vázquez. A eso se suman, al menos diez condominios que no pertenecen al programa de vivienda pública.

“Me preocupan las columnas de las casas, los condominios y las casas históricas en Ponce porque ya los aleros y los balcones se empezaron a caer. Son casas de más de 100 años en un área histórica”, mencionó la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez.

Golpe a la economía

Los movimientos telúricos de la última semana podrían tener un impacto de $90 millones diarios sobre la economía puertorriqueña, según cálculos del catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez José Alameda.

Si la emergencia durara, al menos, 15 días, estos podrían implicar un daño de $1,356 millones, lo equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los cálculos del economista.

Alameda afirmó que ese estimado toma en consideración algunas cifras preliminares de daños a la infraestructura, como los que sufrió la Central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica ($50 millones) y los daños a viviendas, comercios y el sistema de comunicaciones de la isla (otros $110 millones).

Este es un estimado de daños de 15 días. Son $90 millones que pierde la economía al día (en promedio). Esto podría aumentar o disminuir dependiendo si en los próximos días sigue temblando o no”, dijo Alameda, al hacer referencia al pronóstico más reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que prevé la continuidad de los temblores al menos hasta el 20 de enero.

El grueso de los daños económicos se debe a la pérdida de producción en la manufactura y el movimiento comercial como secuela del apagón generalizado que se produjo el 7 de enero, luego del terremoto de magnitud 6.4, explicó el economista.

Problemas con el tránsito

Ante la magnitud de la emergencia, miles de ciudadanos se han trasladado durante los últimos días a la zona sur para llevar suministros a los damnificados. Esto provocó el cierre, ayer en la tarde, de los accesos al municipio de Guayanilla y que el coordinador de Manejo de Emergencias en el sur, Luis Guillermo Torres Negrón, hiciera un llamado para que las personas coordinen las visitas con las autoridades.

Torres Negrón señaló que el pesado flujo vehicular en la zona retrasa las labores de recuperación. “Designé personal municipal para que toda la ayuda que venga sea canalizada y no me lleguen de momento, porque me están obstaculizando las entradas principales y las labores diarias de la recuperación”, indicó Torres Negrón, quien urgió a los ciudadanos a llamar al 1 (805) 943-2747 para coordinar los viajes.

Una de las laboresque se ha complicado por el tránsito es la distribución de alimentos para los refugiados, reconoció el comisionado de Seguridad y Manejo de Emergencias del Departamento de Educación, César González. “Cuando los camiones van de los puntos de salida a hacer las entregas, se topan con los tapones. A veces, tenemos que solicitar asistencia de la Policía para que nuestros camiones sean escoltados para que puedan llegar”, expresó González.

Ricardo Cortés Chico, Keila López Alicea y Leysa Caro colaboraron en esta nota.


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