José "Piculín" Ortiz. (GFR Media)

El exbaloncelista José “Piculín” Ortiz le salió al paso a la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, luego que cuestionara por qué un parque pasivo de su municipio no puede llevar el nombre de un exconvicto relacionado al caso del Cerro Maravilla si al exjugador le han otorgado reconocimientos pese a que es un exconvicto federal por violación a la ley de drogas.

Piculín, quien recientemente fue exaltado al Salón de la Fama de FIBA, escribió a través de su cuenta de Twitter que la ejecutiva municipal intentaba justificar su decisión “desviando la atención a otros”.

“La grandeza de los reconocimientos a individuos que se identifican con una trayectoria y legado en algún campo profesional no se justifica comparando chinas con botellas”, sostuvo.

Soto dijo ayer en una entrevista con El Nuevo Día que Ángel Pérez Casillas, quien es empleado del ayuntamiento que dirige, también debe tener la oportunidad de ser reconocido, así como lo han sido Piculín y el exprisionero político Oscar López Rivera.

“¿Y lo vamos a señalar (a Pérez Casillas) por un evento que pasó hace 42 años, que han querido sacar de contexto? ¿Con qué vara vamos a medir a Oscar López? ¿Con qué vara vamos a medir a ‘Piculín’ Ortiz, que ahora lo está reconociendo la FIBA?”, planteó Soto.

Ante eso, Piculín estableció que la alcaldesa afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP) estaba confundida.

“Alcaldesa de Canóvanas, su confusión tiene que ver con diferenciar lo que es rehabilitación y mérito”, apuntó.

Según Soto, la decisión de colocarle el nombre de Pérez Casillas fue de su padre, el exalcalde José “Chemo” Soto, en 2012 luego que el empleado de la alcaldía demostrara un compromiso excepcional en sus labores.

La alcaldesa explicó que el empleado está a cargo del servicio de recogido de desperdicios sólidos sin que haya enfrentado algún señalamiento o quejas en casi tres décadas.

Pérez Casillas fue director de la División de Inteligencia de la Policía y cumplió seis años de cárcel, tras ser declarado culpable en un Tribunal federal por obstrucción a la justicia y perjurio, en relación a los asesinatos de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978.


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