Un juez ordenó el sábado que la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se siente en el banquillo de los acusados por cargos de tráfico de influencias y corrupción, y que entregue su pasaporte.

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado dictó la resolución y argumentó que existía el riesgo de que Begoña Gómez se diera a la fuga. Además de entregar su pasaporte, también deberá comparecer ante un juzgado cada dos semanas. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

La decisión desató una intensa confrontación política, con llamados de la oposición para que renuncie el gobierno socialista de Sánchez.

A Gómez se le acusa de utilizar su posición para influir en contratos del gobierno adjudicados a un grupo de empresas tecnológicas. El juez también la acusó de uso indebido de fondos públicos en la contratación de un consultor, y del uso inapropiado de software mientras era profesora en una universidad pública.

Gómez ha negado cualquier irregularidad. Sánchez ha calificado el caso en su contra como parte de una campaña de desprestigio de adversarios políticos para derribar a su gobierno, que está en el poder desde 2018.

Peinado indicó que un empresario que presuntamente se benefició de los contratos del gobierno y el consultor que trabajó para Gómez también serán juzgados.

Sánchez enfrenta diversos problemas legales antes de unas elecciones generales previstas para el próximo año.

Hace unos días, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante otro juez en relación con su presunto papel en un rescate gubernamental a una aerolínea y para explicar el hallazgo de joyas de alta gama durante un registro policial en su despacho. Niega haber cometido irregularidades.

Funcionarios del gobierno criticaron con dureza la decisión del sábado por considerarla motivada políticamente.

Pero la oposición conservadora instó al gobierno a convocar elecciones anticipadas.

La investigación de dos años sobre Gómez se inició tras acusaciones del grupo de presión Manos Limpias, que ha impulsado múltiples causas judiciales, muchas vinculadas a causas conservadoras.