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(GFR Media)

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) no mostró evidencia de contrato de 71 de los 73 espacios alquilados a casas móviles en la playa Seven Seas en Fajardo, adscritos al Programa de Parques Nacionales de dicha agencia. 

El informe que cubre el período del 23 de julio de 2014 al 1 de agosto de 2018 también reveló que no había evidencia de cobro en los expedientes de algunos arrendatarios de casas móviles, así como otras deficiencias con los ingresos y cuentas por cobrar.

La auditoría señaló, además, que el Programa no mantuvo una cuenta contable segregada de los ingresos generados por el DRD en su conjunto, lo cual impidió determinar si los fondos generados por el programa fueron utilizados para sufragar los gastos de su funcionamiento. El informe señaló que el dinero obtenido mediante las rentas, tarifas o precios a cobrarse por efectos o servicios prestados por el programa, se deben mantener bajo la administración del propio programa. 

El objetivo de la auditoría era determinar si las operaciones fiscales del programa se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. Específicamente, la Oficina del Contralor evaluó si se emitieron recibos para los recaudos y si se depositaron, conforme a la reglamentación aplicable.

“Las situaciones comentadas dificultan ejercer un control adecuado sobre las operaciones mencionadas. Además, propician el ambiente para la comisión de errores e irregularidades y dificultan que las mismas se detecten a tiempo para fijar responsabilidades”, apuntó la Contraloría.

De acuerdo al informe, los auditores encontraron que los empleados que realizaban las funciones de recaudadores no contaban con el nombramiento según dispone el Reglamento de Recaudaciones. Además, las conciliaciones bancarias que se realizaron del 2015 al 2018, no tenían la firma de quien las preparó, ni evidencia de que fueron revisadas y aprobadas por el director de Finanzas.

El informe reveló también que el DRD no había preparado ni había enviado al gobernador y a la Asamblea Legislativa, los informes anuales y las recomendaciones sobre las áreas designadas como parques nacionales. La agencia tampoco preparó un inventario de las áreas de valor para posible designación como parques nacionales, contrario a lo que dicta la Ley 107-2014, creadora del programa.

Mediante dicha ley se eliminó la Compañía de Parques Nacionales y se creó el programa, adscrito al departamento, con el propósito de integrar el Sistema de Parques Nacionales a las estrategias para fomentar la recreación, así como para integrar las oficinas de finanzas, recursos humanos, compras y otros tipos de servicios administrativos y generar ahorros de fondos públicos. 

Según la información suministrada por la División de Finanzas del Departamento a la Contraloría, para los años fiscales del 2014-15 al 2017-18, el Programa obtuvo ingresos por $85,328,293 y realizó desembolsos por $92,117,178, para un déficit de $6,788,8854.

Mediante la Ley 171-2018 el programa fue transferido al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Según consta en el informe, el proceso de transición comenzó el 2 de agosto de 2018 y debía culminar el 31 de enero de 2019. Sin embargo, a inicios de mayo el proceso no se había completado. 

El informe de la auditoría explicó que el programa tiene ingresos propios que se nutren, entre otras cosas, del cobro por los servicios que ofrece en los parques que administra. Dichos servicios incluyen el alquiler de villas, cabañas, salones de actividades, casetas, áreas de acampar y espacios para casas móviles. Además, a través del programa se arriendan locales dentro de los parques a concesionarios para su uso como cafeterías, tiendas de recordatorios, estacionamientos, entre otros. 

Al 30 de septiembre de 2018, el programa tenía cuentas por cobrar por $446,416 del alquiler, la concesión y los permisos de uso de las instalaciones, reveló la auditoría.

Respecto a los hallazgos, la secretaria del DRD Adriana G. Sánchez Parés refirió al DRNA los señalamientos, a pesar de que la auditoría incluye un periodo bajo su administración.

“El Programa de Parques Nacionales pasó a ser parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ante ello, cualquier contestación, comentario e información de las acciones tomadas, debe ser emitido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, lee una parte de la carta que la secretaria envió a la Contraloría en respuesta al informe. 

Por su parte, la secretaria del DRNA Tania Vázquez Rivera sostuvo que dicha agencia “no tenía control ni capacidad decisional sobre las operaciones y finanzas del Programa de Parques Nacionales” durante el periodo auditado. No obstante, la titular aseguró que la agencia acogió las recomendaciones cautelares y prospectivas que hace el informe. 

“Asimismo, certificamos que ya se han comenzado los trámites dirigidos a asegurar su cumplimiento, en aras de la más sana administración del Programa de Parques Nacionales”, indicó en una carta a la Oficina del Contralor. 

La Contraloría también envió los hallazgos a los exsecretarios del DRD Andrés W. Volmar Méndez (2 de enero de 2017 al 15 de enero de 2018) y Ramón E. Orta Rodríguez (23 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016).

Orta Rodríguez no respondió al informe. El exfuncionario enfrenta acusaciones que se remontan al 21 de junio de 2017, cuando fue arrestado en relación a un supuesto esquema de fraude. El inicio del juicio en su contra comenzará el 1 de octubre de 2019. 




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