Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y de la Unión Independiente Auténtica, dijo que se opone a la enmienda que propone Thomas Rivera Schatz. (horizontal-x3)
Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y de la Unión Independiente Auténtica, dijo que se opone a la enmienda que propone Thomas Rivera Schatz. (Vanessa Serra Díaz)

Los representantes de múltiples sindicatos de Puerto Rico mostraron su oposición a la propuesta reforma laboral que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del Nuevo Plan Fiscal para la isla.

La reforma laboral busca la eliminación de varios beneficios y protecciones para los trabajadores, incluyendo la reducción de los días de vacaciones y de enfermedad, la eliminación del bono de Navidad y la derogación de la "Ley de indemnización por despido sin justa causa" (Ley 80) de 1976.

Representantes de la Unión Independiente Auténtica, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Federación Puertorriqueña de Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada reiteraron su malestar con los cambios que propone la pieza legislativa, incluyendo la propuesta que favorece el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de que solo los empleados de nueva contratación no recibirían la protección de la Ley 80.

“Hemos escuchado que hay intenciones de enmendar el proyecto para hacerlo prospectivo. Queremos adelantar que nos oponemos a esa enmienda. No podemos negarles a nuestros hijos lo que pretendemos que se nos deje a nosotros”, indicó Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y de la Unión Independiente Auténtica.

Por la misma línea se expresó Federico Torres Montalvo, presidente de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores.

“Si fuera con carácter prospectivo con igual energía nos opondríamos”, dijo Torres Montalvo al recordar la aprobación, el año pasado, de la "Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral" (Ley 4) para el sector privado. La ley recortó el número de días de enfermedad, aumentó el periodo probatorio y redujo el bono de Navidad. 

“Se dijo que con esa medida se atendía el tema de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico. Dieron la impresión de que se había resuelto el tema ya”, añadió Torres Montalvo.

Por su parte, Víctor Villalba, líder de la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada, sostuvo que aceptar la enmienda propuesta sería “traicionar a los trabajadores y trabajadoras de las futuras generaciones que se van a integrar a la fuerza laboral”.

“Los ojos de la clase trabajadora están sobre ustedes; si están con la Junta de Control Fiscal o con la clase trabajadora”, enfatizó Villalba.

Entretanto, el economista Francisco Cátala advirtió que una enmienda como la propuesta tendría el efecto de dividir el sector laboral entre los obreros de mayor antigüedad o mayor ingreso y aquellos de contratación reciente.

“Un colectivo dividido, no es solidario. Así inician los conflictos y baja la productividad. La derogación de derechos labores suele tener tres efectos: alimenta la economía subterránea, propicia la dependencia y alimenta la emigración... y ninguno estimula la economía”, señaló Cátala en un aparte con El Nuevo Día

De otra parte, el exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado Zayas, advirtió que la derogación de la Ley 80 afectaría con más fuerza a la mujer trabajadora.

Advirtió, además, que si, supuestamente, hay pocos casos presentados en los foros administrativos al amparo de la Ley 80 es porque los patronos conocen que tienen que cumplir con una mesada al obrero si se demuestre que fue un despido injustificado. 

“Si yo, como patrono, tengo que escoger entre un varón a quien puedo botar como bolsa cuando me de la gana, y una mujer en edad reproductiva que puede quedar embarazada, que le tengo que dar ocho semanas de sueldo completo, licencias de lactancia, ¿a quién cree que el patrono va a escoger para despedir?”, cuestionó Delgado Zayas ante varios senadores de la Comisión de Relaciones Federales del Senado

“No hay que pensarlo mucho. La mujer va a salir perdiendo con esta medida”, enfatizó el exsecretario del Trabajo.

Por otro lado, la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Annette González, alertó sobre la posibilidad de que empleados gubernamentales eventualmente se afecten por la propuesta derogación de la Ley 80 en la medida en que el gobierno promueve la privatización pues, con toda probabilidad, podrían ser contratos en la empresa privada. 

Tal pudiera ser el caso, dijo, con los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación y con los del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Hay un proceso de privatización de agencias y corporaciones públicas, y si trasladas a esos empleados al sector privado cualquier enmienda o eliminación de la Ley 80 les afecta”, advirtió, por su parte, Maymí.


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