El Instituto de Estadísticas que dirige Mario Marazzi (arriba) es parte de la Red de Transparencia. (semisquare-x3)
El Instituto de Estadísticas que dirige Mario Marazzi (arriba) es parte de la Red de Transparencia. (Luis Alcalá del Olmo)

Una cultura de divulgación de datos gubernamentales no solo amplía la confianza ciudadana, sino que genera un mayor desarrollo económico, sostuvo ayer el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi.

Esos, precisamente, serían dos de los efectos que generaría la firma de la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, medida que el lunes recibió el aval de la Cámara de Representantes, pero que ahora -tras las enmiendas recibidas en dicho cuerpo- espera por la consideración senatorial.

“Cuando los gobiernos no divulgan esos datos, las sociedades no pueden entrar en el siglo 21, no pueden aprovechar esas tecnologías”, expresó Marazzi.

El Instituto de Estadísticas es parte de la Red de Transparencia, un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio comprometido con el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Puerto Rico.

“Esta es una mirada holística a los datos del gobierno como activos para que operen mejor en la toma de decisiones de política pública”, puntualizó Marazzi.

La Red de Transparencia describió la aprobación de la medida como “el acto legislativo más significativo realizado durante este cuatrienio”.

“Los datos abiertos permiten a la ciudadanía evaluar, analizar y comparar información que resalte tendencias, estadísticas, o patrones que muestren desigualdades y desafíos económicos y sociales, así como evidenciar el progreso en el suministro de servicios públicos esenciales”, sostuvo la Red de Transparencia en un comunicado.

El proyecto del Senado 236 sufrió varios cambios, como incluir entre los “datos públicos” la lista de grupos de cabildeo que interactúan con servidores públicos o asesores del Ejecutivo y el Legislativo.

Mientras, en la definición de “organismo gubernamental” se incluyó a la Rama Legislativa, así como a la Judicial. Estos cambios cambios fueron solicitados por la propia Red de Transparencia, que le pidió al Senado concurrir con las enmiendas.

Están listos

Marazzi indicó que los objetivos y las funciones que le adjudica el proyecto de ley al Instituto de Estadísticas pueden iniciarse con los recursos actuales del organismo.

No obstante, “la velocidad con la cual esto se pueda implantar al futuro va a depender del proceso regular de recursos que el gobierno asigna a distintas entidades hacia futuro”, señaló.

Actualmente, el presupuesto del Instituto es de $1.9 millones.

De hecho, algunas de las disposiciones que le fija el proyecto al Instituto ya están en funcionamiento, como el diseño del portal de interconexión de datos abiertos (data.pr.gov) y el sistema de indicadores de Puerto Rico (indicadores.pr), pero la ley le da el marco jurídico necesario.

Destacó, además, la importancia de la creación de la figura del “chief data officer”, adscrita al Instituto. Entre sus funciones está el desarrollo de losreglamentos y estándares para implementar la política pública.

“Nunca hemos tenido en nuestro gobierno una figura que esté mirando todos los datos como activos del gobierno, no tan solo en términos de la toma de decisiones de política pública, obviamente eso es esencial, sino también con una mirada de cómo podemos usar los datos efectivamente”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Miguel Romero, indicó que no ha tenido la oportunidad de examinar las enmiendas sometidas a la medida, por lo que desconoce si concurrirán con estas. “Sí sé que hay un interés de que tengamos un mecanismo legal y una estructura jurídica para que la información pública sea accesible de una forma simple”, dijo Romero, cuya comisión tuvo bajo análisis la versión senatorial.


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