La gobernadora Wanda Vázquez. (Luis Alcalá del Olmo)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced negó este lunes haber sido consultada mientras era secretaria de Justicia respecto a un alegado plan ideado por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, para pasar como un error administrativo el uso de fondos públicos para el pago de alquiler de guaguas para la campaña de Ricardo Rosselló Nevares.

“Yo le he hablado siempre de frente al pueblo de Puerto Rico y los miro a los ojos y yo les puedo decir que ese argumento, ese planteamiento, ese rumor, esa información, jamás llegó al Departamento de Justicia”, sostuvo en declaraciones a la Prensa.

La solución habría sido consultada por Maldonado Gautier de manera extraoficial a la entonces secretaria de Justicia y también a la contralora Yesmín M. Valdivieso, de acuerdo con una publicación de Noticel, en la que fuentes aseguran que los funcionarios tenían conocimiento de la situación al menos desde el pasado año.

“El decir que se consulta extraoficialmente con un secretario de Justicia la posible comisión de delito eso deja mucho que decir”, dijo la gobernadora. “Nadie conociéndome a mí como secretaria de Justicia, como fiscal, me hubiese consultado meramente la comisión de un delito, yo hubiese sido determinante, hubiese tomado una determinación inmediata de si era un curso a seguir correcto o no, probablemente por eso no me lo consultaron”, manifestó.

El uso de los fondos públicos para el pago de las guaguas fue llevado por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) a la atención de la Oficina del Contralor y es objeto de investigación.

El contralor electoral dispuso, en una determinación emitida el 10 de diciembre, que el comité de campaña de Rosselló Nevares debería restituir de inmediato al Departamento de Hacienda $525,663.52. De ese dinero, $229,063.30 son por concepto del alquiler de guaguas para la campaña del ex primer ejecutivo, pagado con fondos públicos una vez el ahora exgobernador llegó a La Fortaleza a inicios del 2017.

Además, la OCE le ordenó al comité separar $150,000 de la cuenta que contiene sus recaudos para pagar posibles multas administrativas estimadas.


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