La gobernadora Wanda Vázquez Garced vetó de forma expresa un total de nueve medidas legislativas, tres de las cuales estaban dirigidas a atender la emergencia decretada en el país a causa del COVID-19, según consta en las comunicaciones dadas a conocer hoy por el Senado.

Entre las medidas vetadas está la Resolución Conjunta de la Cámara 638 que eximía a los conductores del pago del cobro de peajes durante el tiempo que se extendiera el estado de emergencia por el COVID-19 y la Resolución Conjunta del Senado 503 que permitía el establecimiento de servi-carros y mercados agrícolas para que los agricultores locales pudieran vender sus productos durante la pandemia.

En un veto expreso la gobernadora tiene que explicar por qué vetó la medida.

“La realización de mercados agrícolas o familiares en los municipios conllevaría la concentración de una cantidad considerable de ciudadanos, lo que contribuiría a la propagación en cadena del Coronavirus o COVID-19”, argumentó la primera ejecutiva.

Añadió que, ante los reclamos de algunos agricultores, se incluyeron los quioscos de alimentos frescos como verduras, frutas y vegetales, entre las excepciones en los cierres ordenados.

Sobre la Resolución Conjunta del Senado 638 dijo que se ve imposibilitada de firmarla debido al impacto negativo que tendría sobre las operaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Sostuvo que por dos semanas se eximió a los conductores del pago de peajes, determinación que tuvo un impacto de alrededor de $6 millones en ingresos dejados de recibir.

Entre las medidas vetadas está también la Resolución Conjunta de la Cámara 582 que les permitía a los ciudadanos retirar dinero de sus planes de retiro y cuentas de retiro individual a tasas contributivas preferenciales y libres de penalidades mientras durara la emergencia. La exención aplicaba a aquellas personas cuyas viviendas sufrieron daños a causa de los sismos que experimentó el sur del país en enero.

Según Vázquez Garced, vetó la medida porque, como respuesta a la crisis, ya el Departamento de Hacienda tomó las medidas administrativas adicionales para extender el beneficio propuesto en la medida a ciudadanos que incurran en gastos a consecuencia del estado de emergencia declarado por el COVID-19.

La gobernadora indicó que, según la carta circular 20-09 del Código de Rentas Internas, un gasto elegible son los que un individuo incurre para subsanar pérdidas o daños sufridos por un desastre declarado por el Ejecutivo y gastos extraordinarios e imprevistos para cubrir necesidades básicas a raíz de dicho desastre, incluyendo la pérdida de ingresos a causa del toque de queda. “Las acciones tomadas por el Departamento de Hacienda han ido más allá de lo que dispone esta medida, la cual solamente se limita a atender la emergencia provocada por los sismos”, dijo en su explicación.

Otra medida que no recibió el aval de Vázquez Garced fue el Proyecto de la Cámara 791 que buscaba fortalecer el propósito del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores y la actualización constante de la información allí contenida.

Sostuvo que algunas de las enmiendas propuestas en la medida limitan las facultades que tiene el Comité Interagencial -compuesto por titulares de las agencias de ley y orden- para reglamentar el Sistema de Información de Justicia Criminal que contiene toda la información relacionada al Registro. “Si bien la medida pudiese tener una finalidad loable, tal y como está redactada, me veo forzada a vetarla”, sostuvo Vázquez Garced.

“En la Sección 5 no se incluye al Departamento de Justicia entre las entidades con autoridad para reglamentar. Aún cuando es dicha agencia la que tiene adscrito el Sistema…Precisamente, el Departamento de Justicia nos ha indicado que no puede refrendar dicha omisión porque da paso a que se interprete que se elimina su facultad de reglamentación e injerencia sobre los asuntos operativos y procesales del Sistema”, abundó.

El Proyecto de la Cámara 1056 tampoco recibió el aval de Vázquez Garced. Esta medida le requería al Departamento de Educación, en conjunto con la Defensoría de las Personas con Impedimentos, diseñar, planificar y ejecutar talleres o actividades de concienciación y sensibilidad hacia las personas con diversidad funcional. Sostuvo que lo requerido en esta medida ya está contemplado en la Ley 18-2020.

Mientras, en el caso del Proyecto de la Cámara 2261, el cual establecía que, en caso de una vacante permanente, la sucesora de la Procuradora de las Mujeres sería nombrada a ocupar el cargo por un nuevo término de diez años, en lugar de completar el periodo vigente, Vázquez Garced señaló que se veía imposibilitada de firmarla porque no se desprende del trámite legislativo que se consultara alguna organización que vela por los derechos de las mujeres.

Otros de los vetos emitidos -que ya habían trascendido públicamente- fueron a la Resolución Conjunta del Senado 474, que asignaba $5 millones adicionales a la Corporación para la Promoción y el Mercado del Destino de Puerto Rico, conocido también como el DMO; y la Resolución conjunta del Senado 493, que establecía una distribución alterna a la ordenada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de $500 millones identificados dentro del plan económico del gobierno para atender la emergencia de COVID-19. 

También ya se conocía del veto que había emitido la gobernadora a la Resolución Conjunta de la Cámara 655 que ordenaba a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a mantener vigente el Plan de Retiro de Beneficios Definidos. La medida contemplaba detener cualquier intención de aumentar la edad para jubilación y parar la congelación de las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la institución educativa.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha advertido que dicho cuerpo legislativo irá por encima del veto. Para que la Resolución Conjunta entre en vigor, la Cámara tendría que actuar de la misma manera.