La Legislatura municipal de Aguadilla aprobó de manera unánime una ordenanza para expresar su respaldo oficial a la iniciativa que busca otorgar la ciudadanía española a los puertorriqueños como una medida de reparación histórica.

El alcalde, Julio Roldán Concepción, anunció este lunes a través de las redes sociales la resolución, la que firmó el pasado 5 de noviembre y que fue presentada por el legislador municipal del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Rafy” Valle Ortiz.

“Ya se había firmado una ordenanza previa para que el Municipio orientara, ayudara o facilitara cualquier documento o asesoría legal a las personas interesadas en solicitar la ciudadanía con la Ley de Memoria Democrática”, explicó el Valle Ortiz en llamada telefónica con El Nuevo Día.

La nueva ordenanza surge luego de que en octubre culminara el plazo de la Ley de Memoria Democrática -conocida como ley de abuelos o ley de nietos- que permitía a personas nacidas fuera de España, con padres o abuelos españoles, obtener la doble nacionalidad.

La llamada “Propuesta de Nacionalidad Española Reparativa para los Puertorriqueños” fue presentada inicialmente en 2024 por el abogado español Rafael Maldonado de Guevara. Sin embargo, la iniciativa se dio a conocer a mayor escala por primera vez en Puerto Rico durante el Congreso Internacional España y Puerto Rico, celebrado en octubre en el Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico.

Precisamente, Maldonado de Guevara identificó un patrón de solicitudes denegadas bajo la Ley de Memoria Democrática a descendientes de puertorriqueños de 1898. A partir de ese análisis, planteó la posibilidad de conceder la nacionalidad española de forma reparativa, utilizando injusticias históricas como fundamento jurídico.

“Los puertorriqueños de 1898 eran ciudadanos españoles de pleno derecho, con voz y voto en el Congreso y Senado de España”, expresó anteriormente a este medio el también profesor en la Universidad Carlos III en Madrid.

La nacionalidad reparativa es un recurso jurídico que permite corregir situaciones injustas históricamente que causaron que a un colectivo se les despojara su ciudadanía. En el caso de Puerto Rico, esto ocurrió tras el Tratado de París de 1898, acuerdo que puso fin a la Guerra Hispanoamericana y mediante el cual España le cedió el archipiélago puertorriqueño a Estados Unidos y que dejó sin la ciudadanía a casi un millón de boricuas.

A los sefardíes -descendientes de judíos expulsados de España en 1492 por rechazar la conversión forzosa al cristianismo-se les concedió la nacionalidad reparativa en 2015.

“Del mismo modo que los puertorriqueños fueron desnaturalizados en 1898 y quedaron en situación apátrida -sin nacionalidad legal- hasta 1917 con la Ley Jones”, había señalado Maldonado de Guevara.

La ordenanza aprobada en Aguadilla constituye la primera postura institucional oficial en Puerto Rico sobre esta propuesta. Fue avalada por los 16 legisladores municipales; 13 del PPD, dos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y uno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Independientemente de la postura política que se tenga sobre el estatus de Puerto Rico, este tema trasciende eso. Lo importante es que los ciudadanos entiendan que es un derecho más que tienen”, reiteró el autor de la ordenanza.

Valles Ortiz indicó que el documento se firmó también en el marco de la conmemoración de los 250 años de la fundación de Aguadilla, municipio que fue históricamente reconocido por la monarquía española como la “Leal villa de San Carlos de la Aguadilla”, lema que lleva su escudo.

“Esto es para quien lo desee. Yo soy primero puertorriqueño y luego español”, concluyó el legislador, quien adelantó que de aprobarse en España, presentaría un proyecto formal en la isla.