Al prohibir a sus empleados colaborar en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), el Municipio de Aguadilla aprobó dos ordenanzas para declararse “ciudad santuario” y crear un grupo de respuesta para proteger los derechos de la comunidad migrante en el pueblo, donde hay una alta presencia de agencias federales.

Hace tres semanas, el Municipio de Hormigueros también aprobó una ordenanza para declararse “ciudad santuario” en protección de los inmigrantes y garantizarles servicios esenciales.

“Nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, subrayó el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, en comunicado de prensa, al dar a conocer los decretos.

La Ordenanza Núm. 82, firmada el 26 de junio, establece protocolos que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración, como ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), “salvo que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública”.

La Legislatura Municipal de Aguadilla también avaló la Ordenanza Núm. 83, que ordena crear un equipo de trabajo de respuesta interdisciplinario que será activado cuando se identifiquen redadas o intervenciones con inmigrantes. “Esta iniciativa busca ofrecer una respuesta estructurada, solidaria y efectiva ante intervenciones del ICE en la región”, precisó Roldán Concepción.

Rebecca González, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Juan (HSI, en inglés), adscrita al ICE, respondió a El Nuevo Día que no emitiría expresiones en cuanto a las ordenanzas municipales.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros, Pedro García Figueroa, manifestó que “el espíritu y la esencia humana de mi pueblo no nos permite colaborar con las autoridades locales ni federales, en sus iniciativas de deportación de hermanos latinoamericanos y del mundo”.

Para la redacción de las ordenanzas, Aguadilla y Hormigueros utilizaron modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, que tienen como objetivo la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes que residen en el archipiélago.

“A lo largo de este año, Puerto Rico ha sido testigo de detenciones ilegales de personas inmigrantes, con un trato cruel e inhumano. Con el diseño de estas ordenanzas, que tenemos disponibles para los 78 municipios de Puerto Rico, buscamos contrarrestar esa realidad”, sostuvo, en tanto, la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.

Del 26 de enero al 25 de junio, el ICE ha arrestado, en Puerto Rico, a 716 personas de 41 nacionalidades, en su vasta mayoría dominicanos (528). El 87% de los arrestos han sido por violaciones a leyes migratorias, es decir, personas que no cargan con récord criminal.

El Nuevo Día reportó esta semana que un número indeterminado de detenidos ha sido llevado, precisamente, a Aguadilla, donde el ICE opera un centro temporero de detención. En ese municipio, el ICE operaba un centro de procesamiento que fue cerrado hace más de una década por violaciones de derechos civiles.

En Aguadilla, ubica la Base Ramey, en la que hay operaciones de diferentes agencias federales, como la CBP, que procesa inicialmente a las personas que son intervenidas en embarcaciones ilegales o “yolas”.

De acuerdo con Roldán Concepción, la Ordenanza Núm. 82 garantizará la confidencialidad de la información personal de los residentes y prohíbe expresamente la utilización de recursos municipales para apoyar operaciones migratorias “arbitrarias”, como las que se han reportado en Puerto Rico desde finales de enero. El decreto ordena que continúe el acceso igualitario a servicios esenciales, como salud, educación y seguridad.

Roldán Concepción abundó que el equipo de respuesta a las redadas estará compuesto por representantes de diversas dependencias municipales y tendrá como objetivo principal coordinar acciones de apoyo, orientación y protección a las personas impactadas por estas operaciones.

“Este equipo es una herramienta de justicia y humanidad. Aguadilla no permitirá que el miedo ni la incertidumbre desintegran a nuestras familias ni vulneren los derechos de nuestros residentes”, acotó.

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, planteó que analizarán las ordenanzas de ambos municipios, pero que, desde el gobierno estatal, trabajarán “de la mano de la política pública del presidente Donald Trump para evitar cualquier tipo de repercusión en torno a los fondos federales y otros beneficios que recibe Puerto Rico”.

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Leysa Caro González colaboró en esta historia.