Luego de ser operada de cáncer hace apenas una semana, Ramona Cruz Sanabria, de 78 años, vuelve a enfrentarse al desafío de ser removida forzosamente de su centenaria casa en Playuela, Aguadilla, en plena época navideña y sin otro lugar donde vivir.

“Esta casa es lo único que tengo; por favor, tengan misericordia. No nos quiten esto, no tenemos a dónde ir, lo único que tenemos es esto”, suplicó este viernes Cruz Sanabria, en declaraciones escritas compartidas por su familia a El Nuevo Día.

Su abogada, Ariadna Godreau Aubert, explicó que recurrieron el martes al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla para entregar, personalmente, una moción para paralizar que se emita la orden de lanzamiento o desalojo como un “remedio humanitario” ante las vulnerabilidades de la adulta mayor.

“Nuestra posición es que queremos que se detenga y que no sea desalojada en estas fechas tan complicadas. Estamos en espera a ver qué es lo que va a suceder”, enfatizó la también directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

La sentencia de desahucio –emitida en 2023– “no da la autoridad a nadie para sacar a una persona a la fuerza”, sino que tiene que haber una orden de lanzamiento en el tribunal, recalcó Godreau Aubert.

“Ya los méritos del caso se vieron. Estamos en desacuerdo con la sentencia por el tiempo que doña Ramona ha vivido en esa casa… Playa India prevaleció en el proceso, pero nosotros estamos elevando un reclamo humanitario”, expuso.

El juicio se celebró el 13 de enero de 2023, y el Tribunal de Aguadilla determinó, el 25 de abril de ese mismo año, que la familia Añeses Méndez –de la compañía Playa India, S.E.– es dueña “de la propiedad que ocupan los demandados”.

Por su parte, el presidente de Playa India, Víctor Añeses Méndez, insistió que Cruz Sanabria no pudo probar en los tribunales “con evidencia” que ella vivía en la residencia de su familia antes de 1990. Alegó que nunca presentaron en corte “testigos que juraran que ella vivía allí antes de 1990″.

“El Departamento de Vivienda nos expropió un solar para los hermanos Coco y Geño, pero se lo quieren asignar a ella. Un solo solar, porque cuando se hizo la expropiación, había una sola estructura donde vivían los hermanos con el padre y otro hermano, que ya murieron. Ramona llegó allí cuando murió el padre en los (años) 90; desde entonces, ha estado desahuciada”, planteó Añeses Méndez en declaraciones escritas a este diario.

El pleito judicial por los terrenos inició en 1993, cuando la empresa Playa India presentó una demanda contra Ramona. La sentencia a favor de la compañía fue dictada el 4 de agosto de 1997. No obstante, no fue hasta 2018, que la empresa acudió nuevamente al Tribunal de Aguadilla para pedir el desahucio, que se concedió en 2023.

Luego de acudir, en dos ocasiones, al Tribunal Supremo, el máximo foro judicial rechazó, en 2024, la reconsideración que Cruz Sanabria solicitó para intervenir y detener la orden de desahucio emitida a favor de Playa India, en el terreno que la familia de la adulta mayor ha ocupado por más de 140 años.

A pesar de la argumentación de que la familia de Cruz Sanabria es dueña de la propiedad al amparo de una disposición en el Código Civil que permite la posesión de un bien inmueble si han pasado 20 años “sin necesidad de título ni buena fe” (usucapión), el Supremo cerró las puertas para escuchar los planteamientos de ambas partes.

“Ramona tiene 78 años, se acaba de operar de cáncer hace una semana y tiene una biopsia en las próximas dos semanas para otro procedimiento de un potencial de cáncer. Está en una posición de vulnerabilidad”, señaló su representante legal.

La familia ha insistido desde 2024, cuando El Nuevo Día visitó la residencia, que Cruz Sanabria, su esposo Jacobo Pérez Soto y sus dos hermanos con diversidad funcional no tienen a dónde ir si los desalojan.

“Somos una familia pobre, que vivimos del Seguro Social de mi esposo, que son $300. A mí, me dan $140 y los cupones. ¿De dónde vamos a sacar, de dónde?”, contó Cruz Sanabria, en ese entonces.

Al reclamo humanitario de la familia de Cruz Sanabria y Ayuda Legal, se unió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Reafirmamos nuestro compromiso con la vivienda digna, el debido proceso y la justicia humanitaria”, estableció la entidad en sus redes sociales.