La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) le anunció al Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) su intención de imponerle multas ascendentes a $50,000 por el desastroso manejo de las querellas de hostigamiento sexual presentadas por una profesora que terminó sin empleo tras denunciar a un compañero docente, así como de una estudiante que lleva más de dos años esperando respuesta a una queja también contra un profesor.