A casi tres décadas de la implantación del primer Código de Orden Público en Puerto Rico, esta herramienta –un conjunto de normas para regular la convivencia en espacios específicos– se ha convertido en una de las principales apuestas de los municipios para reducir la actividad delictiva y promover el civismo ciudadano, hasta el punto de que tres ayuntamientos están próximos a promulgar sus propias reglas.