Pese a que apoyan que se garantice la igualdad de condiciones en el licenciamiento para la práctica de la veterinaria en Puerto Rico, el Colegio de Médicos Veterinarios (CMV) se opuso a la aprobación de una nueva ley que flexibiliza los procesos para que veterinarios graduados de instituciones no acreditadas obtengan su licencia provisional.

La doctora Franchesca Caballero, presidenta del CMV, explicó este domingo que la oposición a la Ley 25-2026 se basa principalmente en que altera el estándar regulatorio de la profesión –que históricamente se ha alineado al de Estados Unidos– y el trato desigual a los veterinarios graduados de instituciones acreditadas.

Asimismo, señaló que la inconsistencia en la estructura regulatoria puede generar una implementación ambigua, que afecte la calidad de la medicina veterinaria que se practica en Puerto Rico.

“No queremos ni que los de las acreditadas, ni que los de las no acreditadas se sientan en una disparidad. Nosotros queremos que estén de igual a igual, porque lo que queremos en Puerto Rico es medicina veterinaria de calidad. [...] No podemos ‘bypass’ (obviar) los pasos correctos para que llegue esa calidad de médico veterinario a la isla y practicar la medicina en paridad con Estados Unidos”, expresó la veterinaria, quien se graduó de una institución no acreditada, por lo que conoce personalmente el oneroso proceso para licenciarse.

El CMV participó del proceso de evaluación del, entonces, Proyecto del Senado 110, para el que recomendaron enmiendas técnicas que se acogieron, pero, según Caballero, fueron eliminadas previo a llegar al escritorio de la gobernadora Jenniffer González, quien lo convirtió en ley el jueves.

Por eso, en un comunicado a sus miembros, el gremio subrayó que la institución “no respaldó el texto final aprobado, recomendó el veto de la medida y mantiene su posición en contra de varias de las disposiciones incluidas en esta legislación”.

Ante ello, se indicó que el Colegio está en gestiones para presentar un “anteproyecto” para corregir las disposiciones que entienden “afectan la coherencia y uniformidad del sistema regulatorio vigente”.

“Entre las propuestas que se estarán impulsando, se contempla que cualquier licencia provisional se ofrezca en igualdad de condiciones para todos los doctores en medicina veterinaria, estableciendo como criterios mínimos la aprobación del NAVLE (siglas en inglés del Examen de Licencia Veterinaria de América del Norte) y de los exámenes de competencia clínica reconocidos, la validación académica correspondiente, el pago de derechos y un término de vigencia definido”, agrega el comunicado.

La legislación, de la autoría del senador novoprogresista Carmelo Ríos, enmienda la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico (Ley 194-1979) para disponer que los veterinarios graduados de universidades no acreditadas por la Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA, en inglés) puedan obtener una licencia provisional para practicar su profesión mientras -bajo “supervisión directa” de un veterinario licenciado- obtienen las certificaciones necesarias para obtener su licencia en Puerto Rico.

El permiso provisional duraría un año -con derecho a una extensión por ocho meses- siempre y cuando los veterinarios hayan aprobado el Examen de Licencia Veterinaria de América del Norte. La flexibilidad también se extiende a técnicos y tecnólogos veterinarios egresados de instituciones no acreditadas.

A nivel de Estados Unidos, los egresados de escuelas de veterinaria no acreditadas siguen uno de dos programas, en los que toman un examen teórico y otro práctico, que consiste en rotaciones clínicas. Inicialmente, indicó Caballero, la medida buscaba que estos veterinarios pudieran obtener la licencia provisional en esta última etapa práctica.

El lenguaje que hace referencia a los mencionados programas –que son el estándar en Estados Unidos– se eliminó del artículo 12.2 de la Ley 25-2026, que es el que se crea para conceder estas licencias provisionales.

Según la exposición de motivos, la legislación se da en el contexto de un alza en la presencia de mascotas en los hogares puertorriqueños, lo que aumenta la demanda de los servicios veterinarios. Sin embargo, señala, “no se ha visto un alza similar en veterinarios practicando en la isla”.

Además, asegura que el propósito de la ley es que los estudiantes se adhieran al cuerpo profesional mientras se preparan para sus certificaciones. De esta manera, sostiene que darían “la oportunidad a cientos de profesionales de continuar adquiriendo experiencia en su campo, obtener una remuneración económica y capacitarse académicamente durante el período previo a las certificaciones obligatorias para el ejercicio de la medicina veterinaria”.

Caballero compartió que, como egresada de una universidad no acreditada, conoce los retos económicos que conllevan los procesos actuales, pues solo pudo trabajar como técnica veterinaria mientras completaba el programa de la Comisión Educacional para Graduados de Escuelas Extranjeras de Medicina Veterinaria (ECFVG, en inglés) tras graduarse. Por eso, apoya facilitar los procesos, siempre que sea en equidad con el resto de los veterinarios.

Aunque la doctora consignó que hay una necesidad de veterinarios en Puerto Rico, consideró que no se les puede “ir de las manos” y que se debe garantizar una supervisión adecuada para constatar que el licenciamiento garantice una medicina de calidad en el país.