Puerto Rico cuenta con el potencial de reducir en más de 30% sus niveles de consumo eléctrico dentro de los próximos 15 años, pero el cumplimiento de ese objetivo, establecido a través de la Ley de Política Pública Energética de 2019, dependerá de multiplicar el nivel de inversión en programas que promuevan eficiencias a nivel residencial, comercial e industrial, concluyó un estudio comisionado por el Negociado de Energía (NEPR).