Al tiempo que el Senado considera enmendar el proyecto de ley para prohibir el uso de celulares a todos los niveles en las escuelas públicas –no solo hasta octavo grado, como está contemplado–, miembros de la comunidad escolar cuestionan la efectividad de la medida y cuán viable sería asegurar su cumplimiento, en momentos en que el consumo de medios digitales predomina en la isla.