Representantes de LUMA Energy reconocieron este jueves que, como parte de la petición de revisión tarifaria, se propuso realizar determinadas mejoras capitales a la red con recaudos de los cobros de factura a los consumidores, pese a tratarse de proyectos que pudieran ser elegibles para recibir fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

El vicepresidente de Programas Capitales de LUMA, Pedro Meléndez, indicó que esas peticiones –cuya cantidad o costo no se precisó en el segundo día de las vistas adjudicativas del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para la revisión de la tarifa base– responden a proyectos con un elevado grado de urgencia que, a juicio del consorcio, no deben estar sujetos a la dilación de los trámites asociados a la obligación de fondos federales.

“Es muy difícil hacer una determinación en el momento de que (los proyectos) son elegibles (para recibir dinero federal)”, dijo Meléndez, al argumentar sobre la necesidad de adelantar algunas obras con fondos propios, lo que, a corto plazo, representa aumentar la carga tarifaria sobre los abonados.

A preguntas del comisionado asociado del NEPR Ferdinand Ramos Soegaard, Meléndez recalcó que FEMA –y no LUMA– tiene la última palabra sobre la elegibilidad de las obras para recibir fondos federales, que por regla general se asignan para reparaciones tras daños registrados durante un desastre natural.

“A los comisionados, les interesa que LUMA maximice el financiamiento federal. (De lo contrario), será muy difícil para ellos decir que se están minimizando los costos a los consumidores. Vamos a necesitar algo sobre los procedimientos, criterios, estándares internos y rendición de cuentas interna para que se pueda llegar a una conclusión sobre si LUMA está o no haciendo lo mejor posible”, subrayó el oficial examinador del NEPR, Scott Hempling.

Posteriormente, Meléndez expresó que LUMA utiliza una escala del 0 al 5 para determinar el nivel de urgencia que los proyectos requieren, en la que el 0 representa las necesidades más críticas, utilizando los riesgos a la seguridad como el criterio principal.

Según el ejecutivo –con responsabilidad primaria sobre las obras capitales de la red de transmisión y distribución–, cuando a un proyecto se le asigna una clasificación de 0 o 1, LUMA opta por adelantar su ejecución a través de fondos propios, con la posibilidad de que, eventualmente, se tramite la obligación de FEMA para obtener el reembolso.

“Eso nos acerca mucho más a entender”, dijo Hempling.

Durante el contrainterrogatorio, uno de los abogados de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, Corey Brady, cuestionó a Meléndez sobre la proporción de gastos de mejoras capitales que LUMA propone tramitar con fondos propios antes de procurar financiamiento de FEMA, sin obtener una respuesta concreta.

Desde el miércoles –primer día de las vistas–, los representantes de los bonistas han intentado poner en duda el grado de necesidad de las mejoras a la infraestructura que el plan de inversiones de LUMA contiene. Según el consorcio, el sistema de transmisión y distribución requiere aproximadamente $21,000 millones en inversión a lo largo de la próxima década, de los cuales FEMA solo cubriría la mitad.

“Estamos trabajando hacia los $10,000 millones (de inversión federal), de los cuales 90% se separó para transmisión y distribución”, acentuó Meléndez, haciendo referencia a la distribución que FEMA determinó cuando comprometió, en 2020, los fondos para rehacer el sistema eléctrico tras los estragos causados por el huracán María, tres años antes.

Las vistas del procedimiento proseguirán mañana viernes, con la continuación de los paneles concentrados en los gastos relacionados con los componentes de transmisión y distribución, un tema que está previsto para concluir el lunes. El martes, la discusión se moverá a las inversiones necesarias en la flota de generación.

En su petición de revisión radicada en julio, LUMA propuso elevar la tarifa base en cerca de 11 centavos por kilovatio hora (kWh), con el grueso del incremento destinándose al sistema de transmisión y distribución. De ser acogido por el NEPR, el ajuste resultaría en una tarifa residencial en torno a los 33 centavos por kWh.