Por las pasadas seis semanas, LUMA Energy ha suspendido todas las labores planificadas de control de vegetación en las líneas de transmisión y distribución, aludiendo a las limitaciones de efectivo disponible por las que responsabiliza al nivel de transferencias presupuestarias que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le remite.

En los primeros minutos de las vistas adjudicativas conducentes a la revisión de la tarifa base, el vicepresidente de Operaciones de Líneas de LUMA, Kevin Burgemeister, reveló este miércoles que, a lo largo de ese período, el consorcio se ha limitado a realizar trabajos de respuesta a apagones en torno a las líneas. De momento, LUMA anticipa retomar los trabajos preventivos de vegetación en enero del año entrante, cuando habrán pasado unos tres meses sin realizar gestiones programadas.

De acuerdo con la empresa a cargo de la red eléctrica, la deficiencia de efectivo al presente –en lo relacionado con el presupuesto de manejo de vegetación– asciende a unos $20 millones, lo que causó la paralización del programa, que se financia con fondos operacionales provenientes de los cobros de facturas a los abonados.

“La parte planificada se ha detenido”, reconoció Burgemeister, a preguntas de Scott Hempling, el oficial examinador designado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para guiar el proceso de revisión tarifaria.

Para el año fiscal 2025-2026, LUMA tiene asignados unos $75 millones en fondos propios para labores de manejo de vegetación, que Burgemeister detalló que se concentran en las líneas de transmisión de 115 kilovoltios (kV), que se determinó que se encuentran en la posición más “crítica” para la estabilidad del servicio.

Como parte de la revisión de la tarifa base, LUMA está solicitando incrementar ese presupuesto a unos $130 millones.

“Tenemos muchos desafíos con el flujo de efectivo ahora mismo. Tenemos un presupuesto (aprobado), pero no el efectivo que va con ese presupuesto”, acentuó el ejecutivo de LUMA.

En síntesis, los planteamientos de Burgemeister hicieron referencia a la disputa que la empresa mantiene con la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, que han señalado a LUMA por la supuesta ineficacia en el cobro de facturas y reembolso de fondos federales que, en consecuencia, impediría remitirle las partidas requeridas mensualmente para dar continuidad a sus funciones, incluyendo el manejo de vegetación.

Paralelamente al presupuesto proveniente de la tarifa, LUMA administra un programa federal de despeje de vegetación que tiene el objetivo de recuperar las servidumbres a lo largo de las 16,000 millas de líneas de transmisión y distribución, pero, durante la vista, tanto Burgemeister como el jefe de Programas Capitales, Pedro Meléndez, reconocieron las dificultades experimentadas al navegar los procedimientos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

En ese frente, Meléndez subrayó que, a la fecha, LUMA ha solicitado fondos que cubren alrededor de 5,000 millas, pero que FEMA solo ha comprometido el dinero para 1,300. Desde el punto de vista de ejecución, Meléndez indicó que el despeje ha abarcado unas 202 millas.

Burgemeister, a preguntas del comisionado asociado del NEPR Antonio Torres Miranda, subrayó que, incluso si LUMA recibiera $20 millones a corto plazo, los trabajos de mantenimiento preventivo demorarían debido a las gestiones que serían necesarias para movilizar la mano de obra, que proveen cuatro contratistas, dos de los cuales también realizan labores bajo el programa federal de despeje.

“(El dinero) nos ayudaría, pero el problema completo (de liquidez) es más grande que eso”, dijo el ingeniero, durante la vista, que se extendió desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Este miércoles, El Nuevo Día reportó las pérdidas millonarias que han denunciado contratistas locales e internacionales de LUMA, en medio de las disputas del consorcio con la administración de Jenniffer González. A finales de octubre, LUMA presentó una moción ante la jueza federal Laura Taylor Swain –quien administra el procedimiento especial de bancarrota de la AEE– para que ordene a la empresa estatal desembolsar cerca de $200 millones para pagar cuentas vencidas hace más de 30 días.

Tras el receso de almuerzo, la discusión se concentró en el manejo del dinero para mejoras capitales y la posibilidad de que LUMA opte por recurrir a fondos procedentes de la tarifa para obras elegibles para recibir financiamiento federal.

Meléndez reconoció que LUMA opta por esa vía si sirve para agilizar la ejecución de proyectos que se consideran críticos para la estabilidad del sistema. “Una falla de un equipo puede costar más”, sostuvo el ingeniero, quien fue objeto de un tenso contrainterrogatorio por parte de los abogados de acreedores de la AEE.

Hempling subrayó, por su parte, que los comisionados del NEPR –en quienes recae la determinación final sobre la nueva tarifa base– “van a querer ver una maximización de los fondos federales y menos (dinero proveniente) de los consumidores”.