En medio de la investigación del caso de cinco menores que supuestamente vivían en condiciones infrahumanas en una residencia en el barrio La Central en Canóvanas, el Departamento de la Familia removió otros tres niños que, presuntamente, tampoco se encontraban en un ambiente adecuado.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la secretaria Suzanne Roig Fuertes, quien precisó que los tres menores son hermanos de una de las niñas removidos ayer, jueves, durante el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento por parte de la Policía.

Los tres menores, de tres años, dos años y un infante, fueron removidos de un hogar en el área de Carolina tras una visita de la agencia. Ahora, el personal de Familia solicitará al Tribunal de Carolina asumir la custodia de los ocho menores removidos de sus hogares.

“En esta casa que fue allanada por la Policía, con otros propósitos, había cinco menores. Estos cinco menores pertenecen a tres familias distintas. Una señora que tiene una menor de nueve años, una menor de 10 años y una joven de 18 años”, dijo Roig Fuertes.

“La joven de 18 años, a su vez, tiene un menor de un año y un menor de un mes aproximadamente. También estaba residiendo (en la vivienda) hace poco tiempo, alegadamente, un señor que tiene cuatro hijos: de siete años, tres (años), dos (años) y seis meses”, agregó.

En esa línea, explicó que “esa madrugada en que ocurre el allanamiento, la hija mayor de este señor estaba pernoctando con él, por lo que se encontraba en esa casa”, cuando los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos entraron a la propiedad.

“Como consecuencia de esto, nosotros estamos obligados a entregarle esa niña a su mamá, que no tiene nada que ver con las circunstancias del allanamiento y visitar el hogar. (Ahí) nos encontramos circunstancias que exigieron nuestra acción inmediata de asumir una custodia de emergencia de los otros tres menores”, mencionó la secretaria.

Roig Fuertes aclaró que “no es el mismo caso, sino que es algo que surgió como consecuencia de nosotros hacer nuestro trabajo responsable para garantizar la protección de todos los niños”.

Cuestionada sobre qué procede en estos momentos tras la remoción de los menores, confirmó que, “en el día de hoy se encuentran los equipos de trabajo social en el Tribunal, peticionando formalmente la custodia de cada uno de estos menores y presentando los planes”.

La Secretaria de Familia precisó que la investigación no concluyó con la intervención, sino que la agencia continuará brindando el apoyo y los servicios necesarios para el bienestar de los menores.

Precisó que en la agencia no había casos previos o denuncias de maltrato ni negligencia relacionadas con los menores. No obstante, confirmó que miembros de dos de los núcleos familiares envueltos en el caso tenían antecedentes por violencia doméstica.

Roig Fuertes indicó que del examen médico efectuado a los menores, y de lo que pudo observar personalmente, no se desprende que sufrieron maltrato o agresiones.

“Hoy también están visitando las escuelas, que queda mucha información por recopilar. No debemos olvidar que el maltrato y la negligencia también, además del aspecto civil, que es (en) el que entramos nosotros como departamento, tiene un área criminal, así que toda esta investigación la trabajamos mano a mano con la Policía de Puerto Rico y con Fiscalía”, comentó.

Asimismo, opinó que se trata de un “caso triste”.

“Uno es humano. Yo soy trabajadora social también de profesión y apela a las emociones más intrínsecas que nosotros tenemos. Ayer me movilicé a la comandancia, estuve con los niños, compartí con ellos, lo vi de primera mano y me pude percatar que estuvieran bien, que estuvieran contentos dentro de lo que estaban viviendo”, aseveró la secretaria.

“Son situaciones muy tristes y lo que hacen es darnos más energía y más fuerza a seguir luchando para que esto de una vez por todas nos volvamos a ver, casos como este”, puntualizó Roig Fuertes.