El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, conifrmó este jueves que aún se encuentra “en proceso” de la revisión interna que ordenó de expedientes “a fin de corroborar el récord” ante las denuncias sobre irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes registrado a nombre de Ciary Pérez Peña, secretaria de la Vivienda.

En declaraciones escritas, González Montalvo sostuvo que, según consta en los documentos revisados, durante el año 2023, se atendieron señalamientos relacionados con varios centros de inspección de vehículos en todo Puerto Rico, incluyendo Yabucoa Auto Service LLC, cuyo permiso fue revocado y se alega está registrado a nombre de la titular de Vivienda.

El secretario del DTOP informó que, como parte del proceso, la Oficina de Investigaciones e Inspección de la Directoria de Servicios al Conductor (DISCO) realizó un muestreo aleatorio de 412 transacciones correspondientes a certificados de inspección irregulares de los meses de junio, julio y agosto de 2023, y notificó los hallazgos a la estación mediante comunicación de 26 de octubre de 2023.

González Montalvo indicó que, según dicha comunicación, “los certificados de inspección identificados se expidieron utilizando algún equipo de reproducción ajeno al equipo de inspección de automóviles autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Adicionalmente, estas inspecciones no obraban registradas en la base de datos de transacciones realizadas en la máquina de inspección”.

Agregó que, a raíz de ello, el centro estuvo sujeto a un cierre administrativo desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 24 de julio de 2024.

“El DTOP cuenta con evidencia documental de un pago de $5,000 asociado a este trámite. De la revisión realizada no surge un documento que contenga acuerdo o mención de una sanción por la cantidad de $25,000″, reveló el secretario del DTOP.

Aseguró, a su vez, que la agencia no ha tomado represalias “contra ningún empleado”.

Más temprano, los representantes populares Ramón Torres Cruz y Swanny Enit Vargas Laureano informaron que entregaron al Departamento de Justicia una declaración jurada del “whistleblower” o delator del DTOP relatando las presuntas irregularidades.

Los legisladores acompañaron la declaración jurada –que no fue bajo anonimato– con un referido, pidiéndole la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, que designe un fiscal para investigar los señalamientos contra Pérez Peña, en torno a la supuesta expedición de más de 1,200 marbetes falsos y multas reducidas ilegalmente en el Yabucoa Auto Service LLC.

Poco después, Justicia confirmó, por escrito, que recibió el referido, y “será tramitado por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor”, dirigida por la fiscal Sonia Martínez Ortiz.

La alegada expedición de más de 1,200 marbetes de manera fraudulenta y el supuesto ajuste en las multas se reveló inicialmente en el programa “Los Datos son los Datos”, de WAPA TV.

La investigación televisiva, de igual forma, reveló que un inspector del DTOP radicó “una declaración jurada en la que presuntamente expresó que, después de hacer su informe, recibió ataques, presiones y amenazas”.

Paralelamente, ambos legisladores radicaron una resolución, en la Cámara de Representantes, para también investigar y arrojar luz sobre la controversia.

Entre los señalamientos, Torres Cruz alertó sobre que el supuesto acuerdo de rebajar multas se realizó con el DTOP. “Inicialmente, se había dicho que era con el Departamento de Hacienda, pero la información que manejamos es que el propio acuerdo se hizo con el DTOP, que no tiene la facultad en ley para imponer multas ni para cobrar multas”, abundó.

Apuntó, también, que la rebaja se otorgó, supuestamente, “justo después de las primarias” de 2020, cuando Pérez Peña era comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista.

La Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22 de 2000) establece, en su Artículo 12.07 (c), una multa de $500 a cualquier persona que certifique haber inspeccionado un vehículo a sabiendas de que las condiciones mecánicas y los sistemas de control de emisiones de contaminantes no son adecuados.