Pese a la oposición de expertos en derecho y el sector salubrista, la gobernadora Jenniffer González firmó el Proyecto del Senado 923, que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato darle muerte a un concebido no nacido, informó este jueves La Fortaleza.

La ahora Ley 18-2026 es un proyecto de administración, que –en su momento– la propia mandataria consideró redundante y ponderó retirar, pero fue aprobado por descargue, sin vistas públicas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

“La nueva ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal con el propósito expreso de complementar la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane, la cual, entre otras cosas, tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”, lee el comunicado informando de la firma del proyecto.

Abogados, médicos y grupos defensores de derechos humanos han alertado sobre la aprobación –sin discusión pública– de medidas que reconocen derechos al no nacido en Puerto Rico. Más allá de la intención de continuar legislando para criminalizar el derecho al aborto en Puerto Rico, advierten que pone en suspenso los derechos de las personas embarazadas.

La aprobación de la Ley 18 se dio horas antes de una Vigilia por el Derecho a Decidir, que convocó el Movimiento Victoria Ciudadana, frente a La Fortaleza.

La abogada constitucionalista Yanira Reyes Gil subrayó que el nuevo estatuto no implica cambios en el estado de derecho del aborto en Puerto Rico, que sigue siendo legal y se practica de forma segura en clínicas reguladas por el Departamento de Salud.

“Ahora más que nunca, tenemos que estar pendientes de cuáles van a ser los efectos y los impactos de estas medidas en la salud y la vida de las mujeres”, expresó la también portavoz de la coalición Aborto Libre Puerto Rico, que se mantiene atenta a próximas medidas que se sumarían a continuar restando derechos a las mujeres.

Desde el inicio del cuatrienio, la Legislatura ha aprobado –sin vistas públicas– varias medidas que reconocen derechos fetales. Entre ellas, están la Ley 183-2025, que enmendó el Código Civil para reconocer “personalidad y la capacidad jurídica desde el momento de la concepción”; y la Ley 166-2025, que establece que el asesinato de una mujer embarazada que cause la muerte del feto se considerará un doble asesinato.

En expresiones individuales, Reyes Gil y la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux, coincidieron en que les preocupa el impacto en el acceso a la salud de las personas embarazadas.

“Podría obstaculizar la atención oportuna de mujeres y personas gestantes, afectando la salud pública. Reiteramos que los enfoques punitivos no han demostrado ser efectivos y que este tipo de legislación, aprobada sin una discusión democrática ni vistas públicas, lacera la seguridad jurídica del país”, expresó Godineaux.

En tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, dijo estar “preocupado”, pues reconoce que la nueva ley, junto a las previamente aprobadas, tendrán un impacto directo en la práctica médica y el sistema de salud.

“Va a promover la medicina defensiva. Se van a retrasar las intervenciones necesarias y disminuirá la disponibilidad de médicos dispuestos a atender embarazos de alto riesgo. Esto aumenta la carga en las salas de emergencias, en los hospitales como el Centro Médico y se va a traducir en peor acceso y peores resultados de salud para los pacientes y para el ‘nasciturus’ mismo”, subrayó, al comentar que los médicos estarán tratando a dos pacientes en un solo cuerpo.

Ejemplificó que, en su práctica como cardiólogo, cuando atienda a mujeres en edad reproductiva y vaya a tratar alguna afección con medicamentos, tendrá que solicitar una prueba de embarazo previa, para evitar demandas o ser criminalizado por algún impacto que tenga ese tratamiento en un feto.

Asimismo, cuestionó por qué la Legislatura no consultó al Colegio el impacto de estas leyes, previo a su aprobación, como han hecho con más de 60 medidas, en las que han sometido sus comentarios y sugerencias.

En la misma línea, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, aseguró que, “con esta acción, la gobernadora valida –una vez más– el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas”.

“El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco”, puntualizó.