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En seis semanas, el Departamento de Educación espera haber preparado la lista de las cerca de 300 escuelas públicas que serán cerradas al finalizar el año escolar, una de las medidas contenidas en el plan fiscal que recientemente entregó el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La secretaria de Educación, Julia Keleher, explicó que esta vez se utilizará un proceso diferente para a los utilizados en años anteriores para determinar cuáles planteles estarán en la lista, pues el análisis de la agencia se basará en identificar cuáles escuelas deben quedarse abiertas.
Al final, el sistema público de enseñanza tendrá solo unas 800 escuelas. La lista final debe presentarse para el 31 de marzo.
"Serán alrededor de 800 escuelas y puede sonar radical, que fuerte que nos quedemos con 800 escuelas, pero estamos tratando de ser responsables y ajustarnos a los recursos que tenemos y usarlos para que de verdad lleguen al salón de clases", expresó Keleher.
Tras entregar el plan fiscal a la JSF la semana pasada, Keleher y el gobernador, Ricardo Rosselló, señalaron que este contiene una reestructuración del Departamento de Educación, con la meta de hacer frente a una baja de $303 millones en los próximos cinco años y la baja en la matrícula, que se recrudecido después del huracán María.
En el análisis de los planteles que deben permanecer abiertos, Keleher precisó esta tarde que se estarán evaluando las escuelas que tienen una buena infraestructura, que puedan acoger más estudiantes y que tengan servicios disponibles para atender a la población de Educación Especial. Asimismo, se están tomando en cuenta las rutas de transportación escolar, la geografía de las comunidades aledañas, los niveles de seguridad de los sectores en donde están los centros educativos y el aprovechamiento académico de los estudiantes.
En primera instancia, ya han identificado unas 600 de las escuelas que podrían quedarse abiertas.
"Todo me limita en cuanto a la cantidad de escuelas que puedo tener. El dinero no da, tengo que buscar maneras de encontrar unas economías", sostuvo Keleher.
De acuerdo al plan entregado, Educación espera implementar una fórmula para la distribución de su presupuesto que limitaría la cantidad de fondos que se destinan a labores administrativas. El 80% del presupuesto de la agencia se destinaría a las escuelas y se estima que se invertirá $6,482 por cada estudiante. Actualmente, en las escuelas se invierte entre $2,000 y $8,000 por estudiante, lo cual la secretaria argumentó que es injusto pues el mismo sistema perpetúa la desigualdad en las oportunidades educativas.
Desde septiembre, Educación ha registrado una merma de 27,000 estudiantes. De estos, unos 7,000 pertenecían al programa de Educación Especial, estimó el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés.
Adelantándose a las críticas, Keleher argumentó que el cierre de escuelas permitirá que la agencia destine más fondos para los servicios que necesitan los estudiantes con impedimentos y condiciones de salud. Como ejemplo sostuvo que, al consolidar recursos, una escuela tendrá más maestros de Educación Especial y se podrían contratar terapistas para que atiendan a los niños en su misma escuela, lo cual no necesariamente sucede en escuelas con pocos estudiantes.
No obstante, dejó claro que no se interferirá con los salones a tiempo completo que atienden alumnos con condiciones severas, pues se reconoce que esos grupos tienen que ser pequeños.
"Ahora mismo se pasan diciendo que el nene no tiene terapia, no tiene los servicios. Con las consolidaciones yo puedo tener los recursos para darles esos servicios", señaló Keleher.
Aunque no detalló cómo sería, la secretaria indicó que las comunidades escolares están invitadas a participar de la evaluación de escuelas y el diseño de las consolidaciones. El año pasado, la agencia hizo reuniones en las regiones educativas y ordenó la celebración de asambleas en las escuelas.
