El gobierno defendió ante la jueza Laura Taylor Swain los méritos de la reestructuración voluntaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al argumentar que ese proceso no afecta  el curso de los casos bajo el Título III de la Ley  Promesa y que las partes que podrían oponerse a la transacción, en realidad, están a favor de ella.