Más que a un litigio, los costos directos de una salida contenciosa de LUMA Energy –que pueden totalizar varios cientos de millones de dólares– estarían asociados a la movilización de un operador sustituto y la posibilidad de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se vea obligada a pagar la cláusula de terminación del contrato todavía vigente, todo mientras el consorcio continúe devengando su compensación por los servicios a lo largo del período de transición.