Loíza - El 15% de las personas que participan de dos comedores comunitarios, en este municipio, solo tiene acceso a una comida al día y el 51%, a dos, debido a múltiples barreras de inseguridad alimentaria arraigada a la pobreza, la falta de transportación para acudir a supermercados en otros pueblos, condiciones de salud que mantienen a adultos mayores aislados y la indisponibilidad y alto costo de alimentos frescos.

“Es una pena acostarse sin comer y sin desayunar. Sin nada. Me ha pasado a mí y les ha pasado a otras personas, pero tenemos que seguir adelante”, compartió un participante de la encuesta del más reciente estudio de Taller Salud titulado “Alimentación y dignidad: análisis comunitario de la inseguridad alimentaria en Puerto Rico”.

Para la lideresa comunitaria María Villegas Pizarro, el análisis –publicado este jueves– surgió de la inquietud de la comunidad de Loíza para visibilizar la necesidad urgente de tener seguridad alimentaria, que cada año aumenta su magnitud en este pueblo y otros, como Salinas y San Germán, que tienen altos niveles de pobreza: 45%, 48% y 51.9%, respectivamente.

“La necesidad está ahí, y este estudio reflejó la magnitud del problema. Nuestro Comité de Seguridad Alimentaria lleva alrededor de tres años y está compuesto por 28 personas”, destacó Villegas Pizarro, quien ya cuenta con un huerto casero para tener alimentos frescos cuando son inaccesibles en centros de venta.

El grupo de lideresas comunitarias loiceñas trabajó el análisis, que contó con una metodología mixta. Primero, se encuestó a 87 personas en dos comedores comunitarios de los sectores El Ceiba y La 23. Luego, la población del estudio se extendió a través de sesiones de escucha en comunidades en Loíza, Salinas y San Germán, en las que participaron 68 personas, quienes respondieron las mismas preguntas del cuestionario y, por otro lado, propusieron recomendaciones de política pública.

“Es un reflejo de lo que pasa en la isla entera. La inseguridad alimentaria estaba, pero no se visibilizaba. Hay un 61% de personas que participan de estos comedores comunitarios que están sobre la edad de 55 años”, indicó, por su parte, Judith Alverio Ruiz, quien participó del análisis junto a Villegas Pizarro.

El 14.9% de las personas encuestadas –durante el pico de la temporada de huracanes de 2023– reportó consumir solo una comida al día; el 50.6%, dos comidas; el 33%, tres; y el 1%, cuatro. El 60% de las personas encuestadas fueron mujeres, mientras que el 63% se identificó como de raza negra y el 27%, afrodescendiente.

Mientras, el 32.6% identificó impedimentos para el acceso a alimentos, siendo la falta de recursos económicos (23%) y la falta de transporte público (21%) los principales obstáculos. Los participantes de estos espacios comunitarios señalaron la necesidad de movilizarse a municipios limítrofes para hacer sus compras de alimentos, lo que conlleva más gastos y ansiedad para lograr entrar comida al hogar.

“Hay emergencias todos los días, porque la luz se va, no hay agua... Llovió, y aquí se inunda todo. Quisiéramos estar cubriendo la necesidad en todo momento y sería ideal tener más recursos para poder cocinar más veces”, comentó Alverio Ruiz sobre los comedores comunitarios.

Desde las sesiones de escucha en los tres municipios, los participantes plantearon que muchas familias reducen la cantidad de veces que comen al día dependiendo de sus otras necesidades y su capacidad de cubrirlas.

“Dependiendo la necesidad de las personas, depende el tiempo en que nos mantenemos activos. Los comedores comunitarios para (el huracán) María (en 2017) estuvieron abiertos por seis meses. En diciembre pasado, se fue la luz, y estuvimos abiertos tres días, así que, dependiendo la emergencia, (es) la cantidad de días que abrimos. Nos gustaría suplir la necesidad todo el tiempo, pero necesitamos más recursos”, enfatizó Villegas Pizarro, quien, junto a decenas de mujeres, sirven miles de platos de comida al año.

El análisis de Taller Salud establece que la inseguridad alimentaria impacta significativamente el bienestar físico y mental de las personas.

Según los Institutos Nacionales de Salud, la inseguridad alimentaria provoca efectos como malnutrición; enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión; y otras condiciones de salud mental, como depresión y ansiedad y altos niveles de estrés por el acceso incierto a los alimentos.

El 42.5% de la población encuestada catalogó su salud como “regular” y un 2.9%, como “deficiente”. El 47% reportó padecer dos o más condiciones, como alta presión (48%), diabetes (24%), asma (13%), artritis (14%), enfermedades coronarias (8%) y colesterol alto (5%).

“Al haber mucho turismo, los dueños de las farmacias se aprovechan y suben los precios. Un turista lo paga, pero un local no puede”, expuso Villegas Pizarro sobre las necesidades de la muestra de la encuesta, en la que muchos son beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pero “no les da” para tener “comida saludable” en su mesa todos los días.

Las investigadoras comunitarias señalaron que, en San Germán y Salinas, identificaron “patrones” similares respecto a la falta de alimentos de calidad y frescos de forma persistente, así como retos de transportación en muchos hogares compuestos, en su mayoría, por mujeres.

Al problema de salud, se suma el reto de no contar con un transporte público para movilizarse a otros municipios. En el caso de Salinas, los residentes en comunidades rurales deben viajar a Cayey u otros pueblos para comprar alimentos.

Para la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, el impacto de la inflación en el costo de la canasta básica de alimentos y la disminución en las ayudas es “algo que se vive en todo Puerto Rico, que tiene un alto porcentaje de personas viviendo bajo el nivel de pobreza y dependientes de unas ayudas que no dan”.

“Sencillamente, la matemática no da para asegurar tres comidas al día. El hambre es real y persistente. No ocurre solamente cuando hay emergencia”, dijo Rosario Méndez, desde la sede de la entidad, en Loíza, que tiene el mayor porcentaje de adultos mayores y hogares que participan del PAN en Puerto Rico.

La salubrista recomendó al Estado priorizar regular los precios de los alimentos que forman parte de la canasta básica. “Entendemos que hay una emergencia de seguridad alimentaria, y es inminente (la regulación) porque va a haber reducciones en las ayudas que garantizan acceso a alimentos y no ha habido una disminución en los precios de los alimentos”, abundó.

Otras recomendaciones de los participantes incluyen ideas para la distribución de alimentos no vendidos por supermercados para reducir el desperdicio de comida.

“En las tres sesiones de escucha, escuchabas a la gente de Salinas y San Germán con la misma preocupación de que muchos alimentos se desperdician en los comedores escolares. Cuando las escuelas cierran, los alimentos los tienen que depositar. Si tú tienes organizaciones o grupos comunitarios, puedes traspasar esa comida a otras personas”, señaló Villegas Pizarro, quien laboró en comedores escolares varios años en Loíza.

Además, Taller Salud insistió en otros “pasos afirmativos”, como proyectos de educación para la creación de huertos caseros y comunitarios para tener alimentos frescos y accesibles entre vecinos, sin necesidad de depender de otras comidas procesadas e importadas.

“Yo lo aprendí. Tengo un huerto en mi casa y, con eso, me nutro cuando no puedo comprar en el supermercado porque es más caro. En Loíza, tenemos tierra fértil, y nos gustaría que podamos nosotras, muchas mujeres agrícolas, tener acceso. Les pedimos a los políticos que nos ayuden para que esas tierras puedan ser tratadas por las comunidades”, mencionó Villegas Pizarro.

Varias integrantes de Taller Salud se reunieron este jueves con organizaciones aliadas, la alcaldesa loiceña, Julia Nazario, y legisladores del distrito buscando unir esfuerzos para avanzar medidas para atender la inseguridad alimentaria. El comité tiene el interés de presentar los hallazgos del análisis al Departamento de Agricultura.

“Queremos extender la encuesta comunitaria rápida sobre seguridad alimentaria a otras regiones de la isla para obtener un panorama más completo y actualizado. Los comedores comunitarios tienen que estar en el mapa para que la gente sepa a dónde acudir”, compartió Anabela Fuentes García, también integrante del Comité de Seguridad Alimentaria.