El Departamento de la Vivienda presentó opciones de vivienda en égidas o residenciales públicos a María Magdalena Ortiz Rosado, la mujer de 85 años que está a punto de ser desalojada de la residencia que ha habitado los últimos 27 años en la urbanización Roosevelt, en San Juan.

La adulta mayor aún no ha aceptado ninguna oferta, pero se mostró interesada en las opciones presentadas, confirmó a El Nuevo Día su abogada, Sofía Vázquez Laureano.

“Estamos en esas conversaciones. Como mucho, ha mostrado interés, pero eso no se puede interpretar de ninguna manera como una aceptación de estas alternativas”, expresó la abogada de la Oficina Legal de la Comunidad, de la iniciativa del Proyecto DeCiudad.

Vázquez Laureano reiteró que el proceso que ha vivido Ortiz Rosado ha sido “sumamente atropellado”, pero reconoció que las agencias tienen el deber de ofrecer alternativas que tomen en cuenta la edad de la mujer, sus condiciones materiales y físicas. Igualmente, señaló que, al analizar alternativas de vivienda, debe tomarse en cuenta la zona en que ha hecho su vida, la urbanización Roosevelt, puesto que “los lazos comunitarios que se crean son importantes”.

El secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, anticipó el sábado que esta semana presentarían las alternativas de vivienda para que el caso se resuelva a la brevedad posible. La agencia confirmó a este medio que los ofrecimientos incluyen vivienda en égidas y residenciales públicos en San Juan.

“La señora mostró interés en una de las opciones, por lo que nuestro equipo se encuentra asistiéndola con la documentación necesaria para completar el proceso de evaluación”, indicó el titular de Vivienda, en declaraciones escritas.

Desde la semana pasada, el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario y la Oficina de Servicios al Ciudadano del Municipio de San Juan ha brindado apoyo y servicios a la perjudicada.

En un comunicado de prensa, el ayuntamiento informó que, como parte de la asistencia municipal para facilitar su traslado, se le entregará una nevera y muebles para ayudarla a establecerse en su nuevo hogar.

Además, entregaron un vale de $500 para la compra de artículos personales y una ayuda adicional de $500 destinada al pago de una deuda de energía eléctrica.

Vivienda, en tanto, indicó que ha coordinado con organizaciones sin fines de lucro la donación de electrodomésticos y mobiliario.

“Nuestro compromiso es continuar acompañando a doña María Magdalena durante este proceso, procurando que pueda establecerse en un hogar seguro, digno y con la estabilidad que merece”, aseguró Martínez Román.

Desde abril, el Tribunal de San Juan falló a favor de la dueña de la propiedad, Jeannette Negrón Ramírez, y ordenó el desahucio de Ortiz Rosado y que pague $3,130 por la renta adeudada hasta ese momento.

Ante la ausencia el jueves –día señalado para ejecutar el desahucio– del Departamento de la Familia y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Negrón Ramírez solicitó al Tribunal emitir sanciones contra ambas agencias. A pesar de quedar en suspenso el desalojo, dos funcionarias de Vivienda ayudaron ese día a Ortiz Rosado a llenar los formularios de vivienda social.

Vázquez Laureano dijo que el Departamento de la Familia emitió un informe social, un día antes del lanzamiento –fase final del desahucio–, en el que solicitaba paralizar los procesos, al señalar que lo que Ortiz Rosado necesitaba era principalmente tiempo para identificar una alternativa de vivienda. A esa petición, se unió la representación legal de la octogenaria, que también solicitó una orden para que Vivienda proveyera alternativas reales.

“Este caso llegó a este punto, lamentablemente, cuando las agencias estuvieron notificadas desde que se emitió la sentencia en abril”, subrayó la abogada.