Con el aumento en las redadas, las crisis de salud mental de inmigrantes sin estatus migratorio definido –incluidas víctimas de violencia de género– y sus familias se ha recrudecido debido, en parte, a la incertidumbre de que un agente federal toque las puertas de sus residencias o sean interceptados en la calle de camino a llevar a sus hijos a la escuela, al contar con datos sensitivos entregados por el gobierno.