El abogado Jaime Sanabria solicitó a las autoridades que se revelara la identidad de la persona que cursó una carta anónima a la Procuradora de la Mujer (OPM) denunciando que sus hijos fueron testigos de actos de violencia de género en contra de su madre y expareja del licenciado, la senadora Joanne Rodríguez Veve.

En una declaración jurada que obtuvo El Nuevo Día en primicia, el abogado solicitó, entre otras cosas, “que se investigue la identidad de la persona que preparó la querella anónima... toda vez que su anonimato no puede servir de escudo cuando de manera directa, falsa e injustificada ha causado un daño a menores de edad y al suscribiente”.

Según Sanabria, la carta pudo constituir delitos bajo el Código Penal de Puerto Rico, entre ellos el uso indebido de trabajo o servicios públicos, denuncias o alegaciones falsas de delito, perjurio y hasta maltrato a menores mediante negligencia.

“Mis hijos merecen crecer libres de esta carga. Y yo, como padre, daré cada paso necesario para que la verdad prevalezca y se haga justicia. Hoy son mis hijos. Mañana podrían ser los tuyos”, expresó el licenciado mediante un comunicado de prensa.

La controversia gira en torno a una carta anónima que se le entregó a la OPM el pasado 20 de agosto en la que se alegaba que la senadora Rodríguez Veve fue víctima de un patrón de violencia de género por parte del licenciado Carlos Mercader.

No obstante, la senadora, por medio del mismo Sanabria, denunció que no había autorizado que se le identificara como víctima de violencia de género, mientras que el abogado añadió que “es falso que los hijos hayan presenciado incidentes de violencia como los que allí se insinúan”. “Rechazamos categóricamente esa falsedad por el daño que causa a su bienestar”, puntualizó.

La carta fue filtrada además a varios medios de comunicación y llevó a una investigación interna en la OPM que determinó que actuaron “con los más rigurosos estándares de confidencialidad” y que la dependencia no propagó la presunta querella.

Por su parte, la senadora también exigió a la OPM que revelara la identidad de la persona que entregó la carta mientras denunció el uso malicioso “de un mecanismo que debe ser de protección y no de ataque”.

“El anonimato en los procesos de querellas se ofrece para que nadie guarde silencio por miedo a que se tomen represalias. Es decir, el fin del anonimato no es proteger al querellante, sino la protección de las alegadas víctimas. Por lo tanto, si la persona querellante es la misma que expone y desprotege públicamente a la alegada víctima, no solo el propósito del anonimato desaparece, sino que, además, se convierte en un arma peligrosa. No se puede pedir que se proteja la identidad de quien utiliza la misma querella para atacar y destruir públicamente”, planteó Rodríguez Veve en una carta que se le entregó “a la mano” a la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez.

Mientras tanto el Departamento de Justicia confirmó que estará entrevistando a personas señaladas o involucradas en las denuncias de violencia de género en torno a la carta y que el caso se encuentra bajo investigación.

La secretaria Lourdes Gómez Torres sostuvo que no podía “abundar mucho” sobre la investigación y el proceder de Justicia, pero afirmó que el Estado puede activarse aun cuando no haya una querella de la presunta víctima de violencia de género.