Exigen la renuncia de Carlos García tras nuevo informe de Hedge Clippers

Líderes sindicales exigieron hoy la renuncia de Carlos García a la Junta Fiscal Federal tras presentar un informe que, alegan, lo vincula con la “desviación” de fondos que dejaron insolvente al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando lo presidió entre 2009 y 2011.

El informe, elaborado por la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFL-CIO) y la campaña Hedge Clippers en Estados Unidos, fue presentado en conferencia de prensa hoy frente a sucursales del Banco Santander en Hato Rey y Boston.

Según el presidente del sindicato, José Rodríguez Báez, el informe expone que García “saqueó” el fondo de infraestructura destinado a proyectos de agua y alcantarillados, para usarlo como apoyo en la emisión de “miles de millones” en notas del BGF y bonos respaldados por impuestos a la venta.

Alegan que dicha movida generó millones de dólares en ganancias al asegurador, el Banco Santander, que era el empleador de García antes de entrar al BGF.

“Carlos García debe renunciar inmediatamente a la Junta de Control Fiscal”, sostuvo Rodríguez Báez. “Cuando fue presidente del BGF, determinó que los bonos de apreciación de capital COFINA, constitucionalmente dudosos, eran la solución fiscal a la crisis de la deuda de Puerto Rico y eso puso en riesgo a todos los puertorriqueños”.

Este es el segundo informe que publica Hedge Clippers, después de que en diciembre pasado presentaran uno titulado “Piratas del Caribe”, que vinculaba a García y al también integrante de la Junta, José Ramón Fernández, con una política de “puerta giratoria” del BGF con el Santander, que estiman participó en la financiación de $61,000 millones del gobierno de Puerto Rico.

En el informe publicado hoy, señala que una de las primeras acciones de García en el BGF fue usar los $1,000 millones del fondo de infraestructura para recapitalizar el BGF para pagar a los tenedores de bonos y cubrir déficits.

Hedge Clippers indica que ese dinero estaba en la Cuenta Corpus, creada con $1,200 millones producto de lo que obtuvo el BGF con la privatización de la Compañía Telefónica en 1999. 

Destaca, asimismo, que la Ley 92 había establecido que ese dinero sería usado para invertir en proyectos de infraestructura y se reservaron para financiar mejoras en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

“La Cuenta del Corpus tenía más de $1 billón ($1,000 millones) dedicado a proyectos de acueductos y alcantarillados esenciales que, bajo la dirección de García, el BGF desvió hacia una serie de transacciones financieras destinadas a reforzar la calificación crediticia de la Isla, pero resultó en la emisión de una nueva deuda de mil millones. En última instancia, esa deuda ayudó a generar un estado insolvencia en elBGF”, expuso el informe.

El grupo de poco más de 20 líderes sindicales realizaron sus expresiones frente al banco, cuya entrada principal fue cubierta con vallas, acompañadas con guardias de seguridad privaday cerca de una docena de policías.

Más tarde, con copia del informe en mano, un grupo del movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, llevó a cabo una manifestación frente a la sucursal del Banco Santander en el centro comercial Plaza Las Américas. La sucursal cerró el acceso principal, mientras la seguridad privada se mantuvo cerca sin intervenir.

También entonaron estribillos y leyeron declaraciones en algunos pasillos del centro comercial y en la terraza de restaurantes en el tercer nivel.

Asimismo, atribuyeron a la manifestación el cambio de lugar de una conferencia de prensa que tenía el gobernador Ricardo Rosselló, originalmente pautada para las 12:30 en una librería de Plaza Las Américas, a la 1:00 de la tarde en La Fortaleza.

“El informe involucra a Carlos García, quien ahora es miembro de la Junta de Control Fiscal y al Banco Santander en un esquema de corrupción gubernamental que le costó los derechos sociales y servicios públicos al país”, expresó la estudiante Maya Rodríguez.

Gracias a actos como estos llevamos años viendo los efectos adversos de la austeridad: el despido de empleadas y empleados públicos, la suspensión de convenios colectivos, la desregulación de leyes ambientales, la venta de los activos más importantes del país, los recortes de la UPR, la disminución de la capacidad del gobierno de proveer unos servicios públicos accesibles y de calidad para todos y todas”, afirmó.