A semanas de que venza la última porción disponible del Fondo de Equiparación –que por años ha servido para estabilizar las finanzas de los municipios más frágiles fiscalmente–, el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, recalcaron este viernes la urgencia de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dé paso a mayores transferencias a las arcas municipales en el presupuesto que entrará en vigor el 1 de julio.

Tras una reunión entre el mandatario y la organización de alcaldes novoprogresistas, Hernández Rodríguez, alcalde de Camuy, insistió en que los ayuntamientos necesitan asignaciones ascendentes, al menos, a $150 millones anuales, un monto que dista de lo aprobado por la JSF en el presupuesto del año fiscal 2023-2024.

Como parte del proceso presupuestario para el año fiscal vigente, recordó, la administración de Pierluisi llegó a solicitar a la JSF que avalara una partida de $150 millones, pero el organismo denegó la propuesta.

“En la Asamblea Legislativa, se aprobaron $90 millones y, finalmente, la Junta aprobó $30 (millones)”, subrayó Hernández Rodríguez, en referencia al denominado Fondo de Servicios Esenciales Municipales.

El presente año fiscal es el último en que los municipios tendrán acceso a una parte del Fondo de Equiparación, un pote que se distribuía a base de una fórmula que tomaba en consideración la realidad fiscal de cada ayuntamiento. Conforme al plan fiscal de la JSF, el Fondo de Equiparación se fue reduciendo gradualmente, desde más de $350 millones anuales a los $44 millones que expiran el 30 de junio.

En el pasado, las transferencias provenientes del Fondo de Equiparación llegaron a representar más de la mitad de los ingresos para algunos de los municipios más pequeños.

“Ahora mismo, por la Ley 53 (que viabilizó la reestructuración de deuda del gobierno central), se logró asignar a los gobiernos municipales una cantidad de fondos para (el manejo de) los desperdicios sólidos. Este año (2024-2025), el estimado que tenemos es que será una asignación mayor a la del año fiscal vigente”, dijo el alcalde, en torno a la partida que ronda los $60 millones, pero cuyo uso está restringido a los propósitos definidos en el estatuto.

Por su parte, Pierluisi afirmó, en conferencia de prensa, que hay “áreas” en que percibe a la JSF “más receptiva” para flexibilizar el acceso de los municipios a fondos provenientes del gobierno central.

“Esas áreas son, por ejemplo, mantenimiento de escuelas y de carreteras. (También) el área de seguridad pública, por ejemplo, tanto personal paramédico, como pudiera ser más apoyo a las policías municipales. En el área de salud, en general, las facilidades médicas de los municipios –que varían de municipio en municipio– son otra área en que pudieran recibir apoyo con la autorización de la Junta”, afirmó el primer ejecutivo.

A preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi evitó precisar el monto de las partidas para los municipios que solicitaría al organismo fiscal. En su Mensaje de Situación del Estado el pasado martes, el gobernador precisó que el presupuesto con cargo al Fondo General ascendería a $13,602 millones, una cifra récord.

“Ese es el detalle que todavía no está acordado, pero lo estamos trabajando. Mientras más, mejor”, dijo el mandatario, en torno a las transferencias municipales.

“Siempre hemos recalcado que la necesidad de servicios esenciales de los 78 municipios –no solo los federados– está rondando los $150 millones. (…) El gobernador está buscando que esos $150 millones sean directos. Es decir, que podamos impactar la policía municipal, que podamos impactar los paramédicos. Que vayan con una definición clara para que la Junta pueda autorizarlos”, agregó Hernández Rodríguez.

El presidente de la Federación de Alcaldes destacó que, en el encuentro de este viernes con el gobernador y varios jefes de agencia, también se discutieron mecanismos para “reconciliar” las facturas que reciben los municipios de parte de la Administración de Seguros de Salud (ASES) por concepto de las aportaciones patronales a empleados que están cubiertos por el plan Vital. Según Hernández Rodríguez, por años, la ASES ha facturado aportaciones correspondientes a empleados no elegibles, tales como trabajadores que son remunerados con fondos provenientes de propuestas competitivas.