Decenas de feministas unieron sus voces este martes –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer– para exigirle al gobierno un “plan efectivo” para contrarrestar los recortes federales atados a las políticas antidiversidad y en contra de poblaciones migrantes, los cuales han hecho más restrictivos los fondos que reciben organizaciones que brindan servicios directos a sobrevivientes de la violencia machista.

“Cuando hay una pérdida de fondos y no hay una estrategia para atender esa merma de fondos, eso también es violencia institucional. Llevamos desde marzo alertando de esta situación y pidiendo que nos sentemos a la mesa a desarrollar estrategias en conjunto”, denunció la directora de la Red de Albergues de Violencia de Género, Coraly León, como parte de una manifestación frente a las escalinatas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

Advirtió que hay organizaciones que están enfrentando una reducción de financiación federal de entre 50% y 65%.

“Nuestro llamado es que, desde las agencias del gobierno, busquen fondos que puedan dar continuidad a los servicios. (...) Hay camas y servicios disponibles; es importante que las sobrevivientes lo sepan, pero están funcionando con un recorte sustancial”, recalcó la también trabajadora social, en su exhortación al gobierno de Jenniffer González.

Planteó que hay albergues que han tenido que hacer “ajustes”, como disminución de personal. Insistió en que no ha habido “una planificación” del Ejecutivo para responder a la disminución de fondos, a diferencia de otras jurisdicciones, como Colorado que, en 2024, implantó un impuesto en la venta de armas para financiar un fondo dirigido a apoyar albergues de víctimas de violencia doméstica.

A solicitud de El Nuevo Día, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, se solidarizó con la “preocupación” expresada por las organizaciones, y destacó la labor que realizan a favor de las sobrevivientes de violencia de género.

“La Oficina de la Procuradora de las Mujeres mantiene un compromiso firme con las organizaciones que brindan ayuda vital en el campo. En este día de activismo, nuestro mensaje es claro, la lucha contra la violencia de género requiere no solo recursos económicos, sino la visión y compromiso de todos los sectores. Seguiremos abogando y trabajando mano a mano con las organizaciones para asegurar que cada sobreviviente en Puerto Rico tenga acceso a la ayuda que necesita y merece", indicó la procuradora por escrito.

En lo que va de año, se han perpetrado 16 feminicidios íntimos en la isla. Mientras, el Observatorio de Equidad de Género ha documentado 54 feminicidios –incluyendo decenas bajo investigación–, 95 intentos de feminicidios y 50 mujeres y niñas que permanecen desaparecidas.

Al mismo tiempo, un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado este martes, señala que, en 2024, casi 50,000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por familiares cercanos en todas las regiones del mundo. En, al menos, el 60% de todos los asesinatos de mujeres se vinculó el machismo, una violencia causada por normas sociales que consideran a las mujeres inferiores a los hombres.

En la madrugada de este martes, la Colectiva Feminista en Construcción llegó hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan, con un “cacerolazo” para exigir acción del gobierno ante la violencia machista y mejorar la calidad de vida de las familias puertorriqueñas.

“A siete años de haber exigido la declaración de un estado de emergencia, nuestras condiciones de vida en el país han empeorado. Merecemos más. ¡Por eso, madrugamos para exigir rendición de cuentas! El gobierno brilla, brilla por su ausencia”, manifestó la organización.

Más tarde, en el CAAPR, líderes de más de una decena de organizaciones feministas leyeron una proclama con cinco demandas, entre ellas, el reclamo de una educación con perspectiva de género dirigida a erradicar estereotipos atados al patriarcado y la subordinación de las mujeres.

La presidenta de la Comisión de las Mujeres del CAAPR, Noeli Pérez de La Torre, reclamó también que el Estado establezca campañas “distanciadas de la revictimización y el enfoque punitivo, con un contenido que incluya alternativa de apoyo y servicios”.

“Que el Estado incorpore en el presupuesto nacional partidas permanentes para las organizaciones no gubernamentales que les proveen servicios a las sobrevivientes y sus familias, incluyendo sus proyectos de desarrollo económico, de vivienda y los que acogen a las mujeres migrantes sin estatus definido”, compartió.

“Hemos visto un aumento de mujeres buscando servicios, acompañamiento y albergue. Han sido muchos los retos con todos los cambios en política pública, sobre todo, los fondos para sostener los albergues. Seguimos preocupadas de cómo se siga desarrollando”, señaló, por su parte, la directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, Lenna Ramírez Cintrón.

La directora del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, se unió a la manifestación, angustiada por el “asedio” que viven las mujeres inmigrantes.

“Ha sido bien drenante. A 65 años del asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) en conmemoración del 25 de noviembre, las mariposas que estamos en el mundo y en Puerto Rico nos están golpeando con esta política pública punitiva del gobierno de Donald Trump, con la cual están cazando en violación de todos los derechos humanos”, lamentó.

La presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, denunció, igualmente, la aprobación de legislación en contra de derechos de las mujeres, como el Proyecto del Senado 504, que daría personalidad y capacidad jurídica al cigoto o “nasciturus”.

“Esto tiene un impacto increíble sobre diferentes áreas del derecho y es violencia contra la mujer también. No hemos claudicado”, enfatizó.