Al expirar a medianoche de este sábado el contrato para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés), siete de las unidades de emergencia que Genera PR opera en las centrales San Juan y Palo Seco (Toa Baja) quedaron fuera de servicio porque, si bien están diseñadas para funcionar también con diésel, no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria para realizar el cambio de combustible.

La imposibilidad de realizar de inmediato el cambio de combustible se sumó a las averías y reparaciones pendientes en varias de estas unidades portátiles para provocar que, en momentos en que la flota de generación apenas alcanza a cubrir la demanda energética, solo estén disponibles cuatro de los 14 megageneradores.

El Nuevo Día supo que, entre las 10 unidades instaladas en la central San Juan, hay tres a la espera de la adquisición de componentes y otras tres en reparación.

Genera PR notificó la situación tarde el viernes al zar de Energía, Josué Colón, quien emitió horas antes un requerimiento de información, indagando sobre los planes de la empresa para asegurar la producción de energía ante la incertidumbre contractual relacionada con el suministro de LNG.

Iván Báez, portavoz de Genera PR, confirmó a El Nuevo Día que la empresa envió una respuesta preliminar a Colón antes del plazo de las 6:00 p.m. del viernes, con miras a suplementarla con un plan más abarcador este lunes. “Se le contestó que se va a contestar el lunes”, dijo.

Este sábado, no había sido posible obtener una actualización de Colón sobre cuál sería el proceder del gobierno.

De ordinario, las 14 unidades portátiles, instaladas en 2023 por el gobierno federal y adquiridas en 2024 por la Autoridad de Energía Eléctrica, tienen una capacidad cercana a los 340 megavatios (MW), una producción que, con solo cuatro máquinas disponibles, se reduce a unos 100 MW.

En la misiva del viernes de Colón, el también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) expresó que Genera PR, como subsidiaria de New Fortress Energy (NFE) –proveedor del LNG–, “está plenamente consciente del plazo (de vencimiento del contrato) y debió haber actuado proactivamente para prevenir cualquier interrupción del servicio”.

“Más aún, Genera está consciente de las 14 unidades de generación temporales tienen la capacidad de operar en diésel y gas natural. Por lo tanto, es la responsabilidad contractual asegurar la disponibilidad de estas unidades con gas natural o diésel. Ninguna excusa se considerará justificada si por cualquier razón estas unidades no pueden generar con diésel como combustible alterno”, escribió.

Si bien el contrato de LNG se había extendido hasta el viernes, NFE retiró desde el miércoles la barcaza que suple directamente el combustible desde el muelle en la bahía de San Juan, sin que se hubiera traído un nuevo tanquero. Ante ese escenario, tanto las unidades #5 y #6 de ciclo combinado de la central San Juan, como las unidades portátiles en esa instalación y Palo Seco con la capacidad de usar diésel, estaban funcionando con ese combustible, cuyo costo puede duplicar el del gas natural.

Este sábado, el portal Marine Traffic reflejaba que el tanquero Energos Princess –que NFE había mantenido flotando cerca de la bahía de San Juan en los pasados días– se estaba alejando de Puerto Rico.

Aunque el contrato que cubre el suministro de LNG para las unidades #5 y #6 de San Juan –que se extiende hasta 2026– es separado al del suplido para las unidades de emergencia, NFE importa el combustible en la misma embarcación.

Colón, en su misiva del viernes, citó varias cláusulas contractuales que obligan a Genera PR a asegurar el suplido necesario de combustible para generar energía, así como a “notificar diligentemente cualquier circunstancia que pudiera afectar materialmente las operaciones”.

“La ausencia de un contrato renovado de combustible con NFE –o de un plan de contingencia documentado que garantice el suplido ininterrumpido para las 14 unidades– coloca a Genera en riesgo de incumplir estas obligaciones”, dijo.

La incertidumbre con las entregas de combustible se produce a días de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetara, por el momento, la aprobación de un contrato de 15 años y $20,000 millones adjudicado a NFE para el suplido de LNG a casi todas las instalaciones de generación del país, la mayoría de las cuales utiliza al presente otras fuentes de energía.

La mayoría de las objeciones de la JSF se centran en presuntas irregularidades en el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) administrado por una firma independiente reclutada por la AAPP, incluidas la reducción del monto exigido como fianza de incumplimiento y la concesión de “derechos de exclusividad” a NFE para las entregas de LNG a futuro.

Además del acuerdo con NFE, el RFP resultó en la adjudicación de un segundo contrato a la empresa Crowley para el suministro de combustible a la planta de Mayagüez, una de las instalaciones que requeriría trabajos de gasificación.