El gobierno y New Fortress Energy (NFE) acordaron extender por cuatro días, hasta el 27 de junio, el pacto para el suplido de gas natural licuado que se utiliza para los 14 megageneradores eléctricos ubicados en las centrales de San Juan y Palo Seco, en tanto se completa la adjudicación de un contrato a largo plazo, un proceso que debió haber concluido en o antes de ayer, lunes.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al autorizar la breve extensión del contrato con NFEnergía –subsidiaria de NFE encargada del suministro de combustible–, amonestó al gobierno por la dilación en la culminación de la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) en curso.

“Enfatizamos que el continuo incumplimiento con los cronogramas y requerimiento establecidos en la política (de revisión de contratos) coloca en riesgo servicios críticos para la gente de Puerto Rico”, afirmó el organismo en una carta con fecha del 22 de junio dirigida a Genera PR, que formalmente es la parte contratante en el acuerdo de suplido de combustible. Genera PR, a su vez, es otra filial de NFE.

La comunicación de la JSF precisó que Regulatory Compliance Services, la firma externa (3PPO, en inglés) reclutada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para administrar la licitación, le notificó el 20 de junio “que el RFP no se había adjudicado”.

“La enmienda propuesta debe permitir al 3PPO finalizar el proceso de RFP y someter el contrato propuesto resultante a la Junta de Supervisión para revisión y aprobación de conformidad con la política (de contratos), junto a toda la documentación requerida por la política, en o antes del 23 de junio”, abundó la JSF.

Al momento de esta publicación, la AAPP ni la JSF habían precisado si, en efecto, se había completado la nueva contratación a tiempo para el lunes. Una portavoz del Negociado de Energía, en tanto, indicó este martes que el regulador no había recibido ninguna documentación asociada a un nuevo contrato.

El RFP, publicado en abril, busca contratar uno o más suplidores a largo plazo para las plantas que ya utilizan gas natural o aquellas donde se pudieran materializar conversiones a este combustible, incluyendo las centrales San Juan, Palo Seco (Toa Baja), Cambalache (Arecibo), Mayagüez y Aguirre (Salinas). En pasados días, El Nuevo Día reportó que NFE fue el único licitador que presentó una oferta para todas las plantas en juego, mientras que Crowley –que hace una semana anunció la llegada del primer tanquero de gas natural de construcción estadounidense dedicado a Puerto Rico– sometió una propuesta para suplir a la estación de Mayagüez.

El contrato de NFE que fue extendido hasta este viernes se otorgó en 2024 y contempla el suplido de las unidades portátiles instaladas en las centrales Palo Seco y San Juan. De no estar disponible el gas natural, las unidades también pueden funcionar con diésel, un combustible más costoso.

NFE, además, mantiene un contrato desde 2021 para el suministro del combustible que se utiliza en las unidades de ciclo combinado de San Juan, donde la empresa también controla –hasta 2038– el terminal donde se recibe el gas natural.

La semana pasada, el zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, señaló que, pese al trámite competitivo encaminado a otorgar contratos de suplido a cinco o 10 años, el control que NFE ejerce sobre el terminal en el muelle de San Juan limita las opciones del gobierno.

“La realidad que tiene esta administración es que administraciones previas le otorgaron un contrato de exclusividad en el terminal del norte, localizado al lado de la central San Juan. Es una realidad que esta administración tiene que manejar. Por lo tanto, (el criterio) es más allá de simplemente si New Fortress tiene o no la capacidad, (sino) que los contratos vigentes limitan en gran medida las posibilidades o alternativas que tenemos”, afirmó Colón, al cuestionársele si el panorama financiero de la gasífera –que recientemente reconoció una pérdida de $197 millones en el primer trimestre del año y enfrenta la presión de sus acreedores– entraría en el análisis de las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre la contratación.