A solo horas de que venciera el plazo para actuar, la gobernadora Jenniffer González firmó este miércoles la resolución conjunta que detiene el cobro de $300 que realiza LUMA Energy a los clientes que cuentan con sistemas de energía solar de pequeña escala.

Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 193, que no solo frena el cobro de los $300, sino que también ordenaría al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) adoptar un nuevo reglamento de interconexión consistente con Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019).

“Esta ley le impone al NEPR la responsabilidad de revisar sus reglamentos para evitar estos cargos de $300 retroactivos y, segundo, que no se le pasen al resto de los consumidores en su factura. El resto de los clientes que no tienen sistemas fotovoltaicos menores de 25 kilovatios no tienen por qué pagar estas conexiones. Le corresponde ahora al Negociado establecer el nuevo reglamento para que el operador, en este caso LUMA, autorice esas conexiones”, afirmó la gobernadora en declaraciones a El Nuevo Día.

La primera ejecutiva tenía sobre su escritorio la resolución conjunta desde el 8 de diciembre. Durante el día, insistió en que evaluaba la medida y, aunque había comentado que favorecía la intención legislativa, dijo que ameritaba mayor discusión.

No fue hasta después de una reunión que sostuvo con el zar de Energía, Josué Colón, con representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y entidades privadas que respaldaban o rechazaban la medida, que optó por avalar la resolución.

“Durante el día de hoy (miércoles), vamos a tener reuniones para discutir esto porque hay dos elementos que yo tengo que considerar. Uno, yo estoy en contra de que se le cobre $300 a alguien que instale un sistema fotovoltaico para conectarse al sistema (energético). Yo creo que es oneroso”, manifestó la gobernadora, en una conferencia de prensa, antes de firmar la pieza legislativa.

“Por otro lado, si esto se elimina, ¿quién lo va a pagar al final del camino? Esos son elementos que uno tiene que considerar. Ahora, lo más que a mí me preocupa es que se elimine la interpretación, y eso es lo que estamos llevando ahora... se elimine el que haya este estudio fotovoltaico antes de añadirse cualquier sistema a la conexión del sistema eléctrico porque tenemos un sistema, precisamente, frágil, que si se permite que la gente se conecte sin ningún estudio de carga, pudiera ocasionar fluctuaciones adicionales", agregó sobre el proceso de análisis.

El cargo procura costear el llamado estudio suplementario que, en algunos casos, se requiere antes de que el sistema de generación se conecte a las líneas de distribución eléctrica. La medida aplica a quienes tengan sistemas fotovoltaicos de menos de 25 kilovatios de capacidad.

En declaraciones escritas, LUMA Energy se manifestó en contra de la eliminación del cargo, y aseguró que no se beneficia económicamente del mismo.

“Reiteramos que eliminar el cargo del estudio de interconexión suplementario, establecido por ley en el 2017 antes de la llegada de LUMA, en zonas con alta penetración de energía renovable en el sistema, expone directamente la red eléctrica a condiciones de inestabilidad y limita la capacidad de evaluar de manera responsable la integración de nuevos sistemas de energía distribuida”, informó la empresa, que fue demandada por el gobierno a finales del año pasado con la intención de anular su contrato.

“Prescindir de estos análisis técnicos incrementa significativamente el riesgo de fluctuaciones de voltaje, fallas operacionales e interrupciones de servicio que pueden afectar a comunidades completas”, abundó LUMA Energy.

Aunque dijo que aún no conoce la postura de la Junta de Supervisión Fiscal respecto a la medida, la gobernadora comentó que no le extrañaría “nada” que se oponga.

“Nada me sorprende, porque si fueron al Tribunal Federal a pedir defender el caso de LUMA, cuando los puertorriqueños no estamos satisfechos con su servicio, pues, honestamente, a mí no me extrañaría nada la postura de la Junta defendiendo el cobro de los $300. Pero yo quiero dejar claro, yo estoy a favor de la medición neta”, recalcó, en referencia al programa que permite a los abonados que cuentan con sistemas propios de generación vender el excedente a la AEE y cobrar un crédito equivalente en las facturas.

Las dudas de González se centraban principalmente en evitar incumplir con la ley Promesa y saber exactamente de dónde saldría el dinero para el estudio.

“Eliminar el requisito de ese estudio es uno de los temas que a mí me preocupa. El otro es que estamos hablando de eliminar un costo que incide sobre Promesa, sobre la deuda, sobre los pleitos que se tienen a nivel federal”, sostuvo, durante una entrevista radial en horas de la mañana (NotiUno).

De otra parte, la gobernadora aprobó enmiendas a la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados (Ley 7 del 2019) para que el Departamento de Asuntos de Consumidor y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) creen un listado de los 100 medicamentos más usados que superen los $100.

“Antes estaba solamente de $300 en adelante. Ahora se bajó a $100 en adelante porque tenemos muchos medicamentos que exceden esa cantidad”, dijo la gobernadora, quien aclaró que, aunque existía una ley previa, no se cumplía con ella por “tecnicismos y burocracia”.

La iniciativa legislativa fue de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y permitirá que el gobierno tenga más certeza de qué medicamentos tienen mayor demanda.

La gobernadora no quiso adelantar si, con esa información recopilada, procurará controlar los precios, pero reconoció que le permitirá una mejor negociación para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno.