Nota del editor: Tercero de cuatro reportajes con motivo del Día del Planeta, producto del programa de mentoría del Solutions Journalism Network.

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En la última década, ecologistas, ciudadanos y políticos preocupados por la degradación ambiental han impulsado cinco legislaciones principales para solucionar el mal manejo del plástico en Puerto Rico, pero un análisis de El Nuevo Día reveló que las propuestas, aunque bien intencionadas, no han reducido la generación de este residuo altamente contaminante ni facilitado su reciclaje y reúso. Por tanto, expertos consultados opinaron que es tiempo de enmiendas y compromisos adicionales.

De las cinco medidas, dos fueron convertidas en ley por las administraciones de Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi, en 2015 y 2021, para prohibir, respectivamente, las bolsas plásticas en comercios y las neveritas de poliestireno o “foam” en las playas y demás cuerpos de agua. Una tercera propuesta, también convertida en ley –por Ricardo Rosselló, en 2019–, ordena la implementación de un Plan Multisectorial de Reducción, Reúso y Reciclaje, que incluya la prohibición absoluta de productos derivados de plásticos y poliestireno de un solo uso.

Las otras dos iniciativas, para incentivar el reciclaje de las botellas de agua o refrescos (“bottle bill”) y prohibir los plásticos de un solo uso –como cubiertos, platos y envases–, no han prosperado en el trámite legislativo.

Hace 19 años, el plástico representaba el 10.5% de los residuos sólidos que llegaban a los vertederos del archipiélago, según el primer y único estudio de caracterización de desperdicios. La propuesta multisectorial Generación Circular hizo una aproximación amparada en los estimados poblacionales de 2019, que reflejó que se descartaron 317,429 toneladas de plástico ese año. La cifra, sin embargo, no consideró otros factores, como el crecimiento exponencial de su producción global y el uso masificado durante los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19.

Pese a que no es el material más abundante en los vertederos, sus propiedades tóxicas preocupan a científicos y ecologistas, quienes advierten sobre su impacto negativo en el ambiente y la salud.

Se trata de un residuo tan problemático debido, en parte, a que las empresas manufactureras encuentran que es más barato producirlo que reciclarlo. Sin embargo, este supuesto fue desmentido, en 2021, por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en un estudio en el que planteó que las empresas deben considerar los costos de las emisiones de gases de efecto invernadero –que contribuyen al cambio climático–, la contaminación de los océanos y del manejo mediante reciclaje o disposición final del plástico en vertederos. Considerados estos factores, el costo real sería de $3.7 trillones, según el Fondo.

Como derivado del petróleo, el plástico puede demorar entre 100 y 1,000 años en descomponerse, mientras que solo dos de los siete tipos de este material se reciclan: plástico #1 (botellas transparentes) y plástico #2 (botellas de color). De hecho, en Puerto Rico, solo 10 –de un total de 124 centros de acopio– reciben y manejan plástico, según la lista provista por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

A su vez, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) certificó a El Nuevo Día que existen 28 productoras de plástico en Puerto Rico, que manufacturan desde bolsas, botellas y envases hasta tarjetas de identificación e interruptores eléctricos industriales. Tan reciente como el pasado miércoles, Cristalia Premium Water inauguró su nueva planta de embotellado y distribución de agua, en Las Piedras. La empresa arguyó que, para optimizar la producción, redujo a la mitad el volumen de plástico de sus botellas.

En Puerto Rico, la mayor cantidad de los productos que compran y descartan las industrias son importados, lo que representa una dificultad adicional a la hora de regular su manejo.

Sugieren enmiendas a las leyes

Los entrevistados coincidieron en que las leyes de bolsas plásticas y neveras de “foam” adelantaron, en cierto modo, la conversación sobre el manejo del plástico, pero las implicaciones del cambio climático requieren de compromisos adicionales.

La Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas (Ley 247-2015), por ejemplo, definió “reusable” en términos de que la bolsa pueda ser utilizada 125 veces, desinfectada después de cada uso y que tenga un grosor específico, de modo que el viento no la traslade fácilmente al océano o los bosques. Eso, a juicio de algunos, fue un adelanto en un país donde se estimaba que circulaban 1,000 millones de bolsas desechables, cuyo paradero definitivo era el vertedero o el mar.

“Fue excelente iniciativa y tuvo sus limitaciones. Hay quienes dicen que sufrió enmiendas, pero creo que no debemos perder el tiempo en ese ‘issue’”, opinó Antonio Ríos, asesor en temas de residuos sólidos y ayudante especial de la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez.

A falta de estadísticas que confirmen que, como consecuencia de la ley, la cantidad de bolsas en los vertederos se redujo, Ríos reconoció que una alternativa es prohibirlas en su totalidad, independientemente del grosor. “Habría que hacer evaluación a nivel de gobierno. Entiendo que es necesario y está la disposición de enmendar la ley”, puntualizó.

El alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, opinó, por su parte, que la Ley 247 debilitó esfuerzos iniciados en algunos municipios, como el suyo, de prohibir estos productos en los comercios. “Hay que llegar al punto de eliminarlas, no crear un problema con otra bolsa más fuerte”, dijo López Bonilla, quien se propone retomar el esfuerzo en Rincón para prohibir las bolsas plásticas en su totalidad.

La cofundadora de Basura Cero Puerto Rico, Jessica Seiglie, consideró que la Ley 247 trajo “demasiada confusión” al permitir el uso de una nueva bolsa plástica. Avaló enmiendas para que las bolsas sean de tela o se usen cajas de cartón. De hecho, el uso de tela y la prohibición total de la manufactura, importación y venta de estas bolsas fueron las recomendaciones esbozadas tanto por el DRNA como la desaparecida Autoridad de Desperdicios Sólidos, en 2013, cuando comenzó la discusión pública de la ley.

El DRNA aceptó, por escrito y sin entrar en detalles sobre ejecución, que “aún queda disuadir más efectivamente la compra y uso de estas bolsas y de todo producto empaquetado en plástico”, además de “incentivar el establecimiento de industrias que reciclen el plástico y que se detenga la producción de más plástico”. Esta última responsabilidad recae, sin embargo, sobre el DDEC.

“No lo vemos como un fracaso total. Fuimos partidarios de la ley cuando se estaba trabajando, aunque no era perfecta. El propósito era que la gente cuestionara, pero nos cogieron desprevenidos con las bolsas de ahora, que son más contaminantes. Definitivamente, hay que seguir trabajándola”, expresó, entretanto, la organizadora de campañas de Sierra Club Puerto Rico, Adriana González, quien coincidió en que la prohibición debe ser total y sustituir por otro material menos nocivo, como la tela.

En cuanto a la Ley para la Prohibición de Neveras Portátiles de Poliestireno o Foam en los Balnearios, Cuerpos de Agua y Playas (Ley 16-2021), Seiglie y González concurrieron en que el problema es la falta de fiscalización y que la carga recae sobre el individuo, en vez de la fuente de origen.

La Ley 16 ni siquiera prohíbe la venta de las neveritas, sino que requiere que los comerciantes coloquen un letrero indicando que está “prohibido” su uso en cuerpos de agua. El Nuevo Día constató que, tanto en cadenas multinacionales como gasolineras y otros negocios, no existen dichos rótulos de advertencia, mientras que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no ha impuesto multas a los comercios violadores del estatuto.

Seiglie y González argumentaron que, si las neveritas dejan de importarse, se solucionaría verdaderamente el problema. “Esta ley de las neveritas siempre nos pareció irreal porque, como país, no tenemos los recursos para atender la situación. La ley sigue imponiéndole la carga al individuo, en vez de atacar la raíz, que es lo que está entrando a la isla. ¿Dónde está la responsabilidad de esos productores?”, planteó González.

El DACO confirmó, por escrito, que apenas tiene 30 inspectores para todos los asuntos bajo su jurisdicción.

Por otra parte, la Ley 16 obligaba al DRNA, el DACO, la Policía –estatal y municipal– y la Universidad de Puerto Rico a realizar, en octubre de 2021, una “campaña de orientación sobre los alcances” del estatuto. Ninguna de las entidades proveyó evidencia de la campaña. Solo la UPR envió copia de “un arte” que publicaría luego en el portal de la institución.

No vio la luz del día

Desde la década de 1990, Puerto Rico ha intentado insertarse en la corriente progresista de tener una ley para el depósito de envases plásticos. La propuesta consiste en fijar un valor sobre las botellas, al establecer un cargo para su disposición que, luego, le sería devuelto al consumidor cuando entregue el producto para reciclaje, similar a lo que ocurre con los neumáticos y el aceite de motor. El último intento para su aprobación ocurrió en el cuatrienio de García Padilla (2013-2017), pero no prosperó.

“Había mucha preocupación sobre el manejo de los fondos; en un país bien corrupto, siempre preocupa esto”, recordó Seiglie.

El coordinador de Basura Cero Puerto Rico en Arecibo, Javier Biaggi, calculó que ya van nueve intentos por aprobar un “bottle bill” en la isla. Las propuestas fracasaron, sobre todo, por falta de mercados que manejaran el recurso internamente. “El problema del reciclaje, de todo, se resume en los destinos… tú tienes que saber a dónde lo vas a llevar (el plástico) para saber cómo manejarlo. Si no tengo destino, qué estoy haciendo: un esfuerzo de futilidad”, afirmó.

Tanto Biaggi como Ríos coincidieron, por separado, en que la propuesta aún puede ser útil y necesaria. Pero, para que sea exitosa, debe venir acompañada de capital y apoyo ciudadano, destacó Biaggi.

Las propuestas de “bottle bill”, por supuesto, han tenido detractores. En entrevista con El Nuevo Día, dos directivas de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) explicaron que su oposición radicó en la falta de industrias para manejar las botellas al final del ciclo. “No se puede asumir que las cosas van a ocurrir orgánicamente”, dijo Geannette Siberón, directora del Comité Ambiental de la organización.

A diferencia de Biaggi y Ríos, González opinó que una nueva propuesta de “bottle bill” no tendría buena acogida “por el aspecto económico”, de que la ciudadanía lo perciba como un impuesto. Sostuvo, en cambio, que los esfuerzos deben centrarse en prohibir los plásticos de un solo uso, “apostar” a la reutilización y la instalación de filtros y sistemas de captación de agua, entre otros equipos.

Dos propuestas vigentes

Precisamente, hay una propuesta legislativa vigente y con respaldo de todos los partidos políticos, a los fines de prohibir la venta y uso de plásticos de un solo uso. Fue aprobada en la Cámara de Representantes, el 11 de noviembre de 2021, en votación 44-2, con cinco ausentes. Aunque fue referida ese mismo día al Senado, ha permanecido engavetada, desde entonces, en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, que preside José Luis Dalmau.

Al cierre de edición, Dalmau, quien es, además, presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, no estuvo disponible para explicar su inacción.

En su exposición de motivos, el Proyecto de la Cámara 668 reconoce que la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio en el que advierte que, “de continuar el actual patrón de consumo y producción de plástico a nivel mundial, se prevé que, para 2030, se produzcan en el planeta 619 millones de toneladas de plástico al año”, lo cual amenaza no solo la biodiversidad marina, flora y fauna, sino la seguridad alimentaria y la salud humana.

Más de 60 países han dictado medidas oficiales y otros están trabajando en leyes y estrategias para enfrentar lo que es considerado uno de los mayores problemas ambientales de nuestro tiempo.

La elaboración del Plan Multisectorial de Reducción, Reúso y Reciclaje es otra iniciativa en curso, según lo exige la ley de cambio climático (Ley 33-2019). El ecólogo e ingeniero Carl Soderberg indicó que ese documento formará parte del plan sobre cambio climático, previsto para entregarse en verano de 2023, aunque la ley establece que debía someterse en octubre pasado.

Soderberg relató que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, del cual es miembro, reclutó a Ríos y al doctor Iván Baigés, de la UPR Recinto Universitario de Mayagüez, para desarrollar el plan sobre el manejo de los residuos sólidos. “Lo traerán a consideración de nosotros, en el Comité, y luego lo llevaremos a vistas públicas”, dijo.

Mercado para reciclaje y reúso

Los entrevistados reiteraron que las iniciativas de reciclaje –en ley o bajo consideración– para atender el problema del plástico en Puerto Rico serán efectivas, siempre y cuando abran mercados locales que lo utilicen como materia prima para crear nuevos productos. La apertura de estos mercados ha sido una promesa gubernamental incumplida cuatrienio tras cuatrienio.

Hasta 2012, el DRNA contabilizaba 20 empresas que cerraban el ciclo del reciclaje en la isla, una cifra que, según la propia agencia, se redujo a cero. “Hay muchos factores que inciden, como los costos de agua y luz. También, hay personas que pueden tener buenas intenciones, pero su plan de negocios no es viable, y otras quieren que la materia prima se les dé gratis”, dijo Ríos para explicar la merma.

Sin embargo, El Nuevo Día encontró, al menos, ocho compañías que se dedican a la manufactura de productos reciclados, entre ellas, Maunabo Home Plastics. Esta empresa, en operaciones desde 2003, fabrica tostoneras, cubos para mapear, escobas, mapos y bandejas de pinturas, entre otros productos, a partir de las gafas protectoras descartadas por las farmacéuticas. Su dueño, Juan Pillot, indicó que trituran unas 12,000 libras de plástico polipropileno semanalmente, que le compran a IFCO Recycling, en Caguas. Posteriormente, los productos reciclados son vendidos a distribuidores, quienes los hacen disponibles para los consumidores en tiendas como National y Wal-Mart.

“El plástico es muy útil como material reciclable. Aquí, hay que hacer una campaña (educativa) bien agresiva, porque es bien fácil de segregar en los comercios y lugares de trabajo, que es donde más se consumen las botellas”, dijo, por su parte, Carlos Contreras, presidente de ConWaste, una de las pocas compañías que colecta materiales reciclables casa a casa en la isla. Otras son IFCO Recycling y Recicladores del Norte.

“Si se quiere fomentar esta industria, hay que incentivar a los pequeños empresarios”, aseveró Contreras.

Según Generación Circular, del plástico #1 y #2 se pueden manufacturar prendas de vestir, filamento para las impresoras 3D, maderas compuestas o sintéticas, muebles para patios y equipo para parques.

Entretanto, Siberón destacó que “más del 93%” de los residuos que generan los industriales, incluyendo plástico, se exporta para reciclaje a países de Asia, Centro y Sur América. Eso representa 118 millones de libras de materiales. Explicó, no obstante, que la cifra se basa en una muestra de 37 socios nominados para la Premiación a la Excelencia Ambiental 2022. La AIPR carece de estadísticas de toda su matrícula de 300 socios. Siberón aseguró que “es bien poco” lo que se queda en Puerto Rico.

“Si no hay facilidades (para cerrar el ciclo de reciclaje), estamos secuestrados por eventos externos. A la exportación, que ya está bien costosa, se suman los retos de la pandemia (de COVID-19), la guerra (entre Rusia y Ucrania) y no conseguir choferes”, puntualizó la ingeniera, presidenta de Environmental & Safety Engineering Solutions.

Mientras, Ríos planteó la posibilidad de pasar otras legislaciones a los efectos de aplicar responsabilidad extendida a las empresas manufactureras por la disposición del plástico. “Se pueden considerar medidas para no poner el peso en el ciudadano”, dijo, en referencia a que hay jurisdicciones en las que las compañías importadoras son responsables del manejo y disposición final de sus productos, una vez terminan su vida útil.

Al respecto, Siberón indicó que “ya hay muchas” industrias trabajando, por ejemplo, en “la búsqueda de métodos y materiales alternos” para no usar PVC (policloruro de vinilo) en los empaques de sus productos. También, favoreció la creación de “un marco legal que facilite” el reciclaje. “Con el plástico hay muchos retos, porque vino a atender necesidades sociales, pero hay un movimiento bien agresivo para trabajarlo”, expresó.

“Parte de lo que le tenemos que hacer saber al sector privado es que, en la medida en que no son parte de la solución, están siendo parte de un problema, que puede afectar la salud de la población y contribuye a que sus negocios también se afecten”, subrayó Ricardo Burgos, consultor ambiental del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

Breanna Draxler, editora sénior de Clima y Medioambiente en YES! Magazine, colaboró en este reportaje.