La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley dos medidas de administración que tienen como norte promover la formación académica y profesional de los futuros miembros de la Policía de Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, González Colón informó que las legislaciones, además, restablecen el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes como parte integral del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Hoy estoy firmando dos medidas que facilitaran los procesos de acuerdos colaborativos entre distintas agencias, el sector público y privado para que tengamos un mejor reclutamiento de policías, lo que nos permitirá poder aumentar el número de miembros de la uniformada”, expresó la gobernadora.

González Colón estampó su firma en las medidas en compañía del secretario del DSP, el general Arthur Garffer; el superintendente de la Policía, Joseph González; y la superintendente asociada Diana Crispín.

También estuvieron presentes la superintendente auxiliar en Educación y Adiestramientos de la Policía, coronel Alba Díaz; el director de la Oficina de Base de Fe de Fortaleza, Juan Gaud y el senador Gregorio Matías.

Un grupo de sobre 15 capellanes de distintas denominaciones religiosas que integrarán el nuevo cuerpo interdenominacional también dijeron presente.

La primera ejecutiva del país firmó el Proyecto de la Cámara de 445, que se convirtió en la Ley 123-2025 y que enmienda la Ley de Reforma Educativa con el fin de establecer programas académicos o currículos a nivel de escuela superior que permitan a los estudiantes interesados en ingresar a la Academia de la Policía adelantar los créditos universitarios requeridos.

“Esta medida busca facilitar la transición de los jóvenes hacia la carrera policiaca, promoviendo la creación de acuerdos colaborativos entre el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Universidad de Puerto Rico y otras entidades públicas y privadas”, afirmó González Colón.

Con ello, se busca atender uno de los mayores retos del proceso de reclutamiento: el requisito de obtener un grado asociado antes de incorporarse como agente.

“Este proyecto es parte de nuestros compromisos programático como medida para poder brindarle seguridad a la gente, eliminar los procesos burocráticos que no permiten que podamos tener un mayor reclutamiento en la Policía de Puerto Rico”, agregó.

De igual manera, la mandataria estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 446, ahora la nueva Ley 124-2025, que enmienda la Ley 20-2017, que organiza el DSP, para crear formalmente el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes de Puerto Rico.

Este nuevo organismointegrará a todos los cuerpos de capellanes existentes en las agencias y ofrecerá servicios voluntarios de consejería, apoyo emocional y asistencia espiritual a empleados públicos, sus familias y la ciudadanía en general durante situaciones de emergencia, desastres naturales o crisis personales.

De acuerdo al parte de prensa emitido por La Fortaleza, la nueva ley corrige la exclusión del Cuerpo de Capellanes ocurrida durante la aprobación de la Ley 20-2017, “reafirmando su valor histórico y comunitario”.

El cuerpo estará compuesto por representantes de distintas denominaciones, entre ellas la Iglesia Católica, la Fraternidad Pentecostal, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, la Comunidad Hebrea, la Comunidad Musulmana y otras entidades religiosas registradas en el Departamento de Estado.

Estas leyes se suman a otras que firmó recientemente la gobernadora relacionadas con la Policía y la seguridad pública, que tienen como fin el fortalecimiento de las protecciones legales para los agentes del orden público.

Entre esas medidas destacan la nueva Ley 120-2025, antes el Proyecto de la Cámara 580, de la autoría del presidente de la Cámara de Representes, Carlos “Johnny” Méndez y el representante Félix E. Pacheco.

Este proyecto enmienda el Código Penal de Puerto Rico para que se considere automáticamente un agravante cuando un delito se comete contra un funcionario del orden público en el ejercicio de sus funciones.

Esta disposición permitirá imponer penas más severas contra quienes agredan o atenten contra la vida de policías y otros agentes del orden público, incrementando hasta un 25% adicional el tiempo de cárcel o la cantidad de la multa, según el delito.

La mandataria también había firmado la Ley 121-2025, antes el Proyecto de la Cámara 581, también de la autoría de Méndez y Pacheco, que enmienda el Código Penal para tipificar como delito grave la agresión a un agente del orden público en el cumplimiento del deber, con una pena fija de reclusión de cinco años.

La combinación de las penas previstas en ambas leyes implica que cualquier persona condenada por agredir a un policía estatal o municipal en el cumplimiento de su deber podría enfrentar hasta seis años y tres meses de reclusión, al sumarse la pena base y el agravante.