La gobernadora Jenniffer González Colón emitió una orden ejecutiva para acelerar la reconexión de servicios esenciales y firmó una nueva ley que busca estandarizar los sistemas de comunicación del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En comunicado de prensa, la primera ejecutiva informó que la Orden Ejecutiva 2025-052 tiene como propósito agilizar la reconexión de servicios esenciales a los beneficiarios de los programas CDBG-DR/MIT, que administran fondos federales destinados a la reconstrucción de viviendas y comunidades afectadas por desastres naturales entre 2017 y 2022.

La medida fue elaborada en conjunto con la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña; la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Zapata; y el zar de Energía, Josué Colón.

De acuerdo con González Colón, la orden ejecutiva establece que, en aquellos casos donde fue necesario suspender un servicio para realizar trabajos bajo alguno de los programas CDBG-DR/MIT, deberá ser restablecido con la presentación de una certificación de titularidad, aun cuando el solicitante no tenga el título de propiedad a su nombre.

Asimismo, dispone que la falta de título no será impedimento para la reconexión de servicios, incluso, si se requiere segregar terrenos o constituir servidumbres.

“La urgencia de garantizar viviendas seguras y el acceso inmediato a servicios esenciales requiere adoptar medidas adicionales que permitan superar los obstáculos existentes y asegurar la prestación de dichos servicios a los beneficiarios de los programas CDBG-DR/MIT”, sostuvo la gobernadora.

Por otro lado, la mandataria también firmó la Ley 125-2025, que enmienda la Ley 20-2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, con el fin de uniformar los equipos y sistemas de comunicación del DSP y garantizar una comunicación más efectiva entre todos los negociados, especialmente durante emergencias.

La nueva legislación crea además la Oficina de Manejo de Información de Seguridad, que tendrá a su cargo la interoperabilidad de los sistemas, el intercambio de datos y la coordinación tecnológica entre los negociados del DSP y la Policía de Puerto Rico.

Según la gobernadora, esta oficina deberá facilitar el acceso simultáneo a la información entre las agencias de seguridad para fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia y mejorar la coordinación en la lucha contra el crimen.

Además, la gobernadora informó que envió tres proyectos de administración a la Asamblea Legislativa para su evaluación.

El Proyecto A082 propone enmendar la Ley 210-2015, conocida como la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para facilitar el tráfico jurídico, minimizar los costos de transacciones y actualizar los requisitos de los registradores de la propiedad.

El Proyecto A083 busca enmendar el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a las normas de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). Estas enmiendas, explicó González, fortalecerán la supervisión de solvencia y liquidez de las aseguradoras y garantizarán el cumplimiento con los estándares nacionales.

Por último, el Proyecto A084 dispone que todas las dependencias gubernamentales y municipios destinen un 10% de su presupuesto publicitario a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR): un 5% para pautas y otro 5% para contratar servicios de producción audiovisual y publicidad.

“Reconocer y ampliar su participación en las campañas publicitarias del Gobierno no solo fortalece su autosuficiencia financiera, sino que además potencia su capacidad de competir y diversificar sus ofrecimientos al servicio del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Según la gobernadora, esta iniciativa busca garantizar nuevas fuentes de ingresos para WIPR, permitiéndole sostener sus operaciones y cumplir cabalmente con su misión educativa, cultural e informativa.