La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve refirió al Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) por divulgar -de manera “ilegal”- una querella anónima en la que se denunciaban supuestos “actos de maltrato y violencia de género” en su contra por parte del licenciado Carlos Mercader.

“Al confirmar el contenido de la querella divulgada ilegalmente, la Procuradora reveló información confidencial y violó su deber de confidencialidad, así como normas estatales y federales que exigen proteger los datos de presuntas víctimas de violencia doméstica. Esta divugación ilegal... puso en riesgo mi privacidad y seguridad, y la de mis hijos menores”, argumentó la senadora.

En la misiva, dirigida a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, la senadora independiente alega que -al revelar el contenido de la querella- la OPM actuó en violación a la “Ley de Violencia Contra la Mujer” (Ley VAWA) que le impone a los recipientes de fondos bajo este estatuto a proteger la información personal de las presuntas víctimas.

Asimismo, prohíbe la divulgación del contenido de cualquier querella sin que medie un consentimiento escrito de la presunta víctima, salvo en circunstancias muy limitadas. No cumplir con estas protecciones pudiera resultar en la terminación de fondos otorgados, así como en la imposición de auditorías y supervisión federal.

“La divulgación y circulación de la carta anónima es una violación grave a ese mandato y requiere acción federal rápida y firme para atender el daño causado”, sostiene la legisladora.

El 20 de agosto de 2025 trascendió públicamente el contenido de la querella presentada ante la OPM. Posteriormente, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero, confirmó el recibo de la denuncia, pero alegó que la presunta querella divulgada en redes sociales no era la misma que conservaron.

Este lunes, Piñero sostuvo que, desde la OPM, “no se ha divulgado, confirmado ni validado información relacionada con querellas anónimas ni con documentos que formen parte de procesos confidenciales”.

“La protección de la información sensitiva de quienes acuden a la OPM es una prioridad esencial y ha sido respetada con rigor en todo momento”, indicó Piñero en un comunicado de prensa.

“La OPM continuará colaborando de manera responsable con las autoridades pertinentes, incluyendo los procesos a cargo del Departamento de Justicia o cualquier otra agencia que intervenga en este asunto”, añadió.

En la misiva, Rodríguez Veve detalló las gestiones que ha realizado dirigidas a que se investigue el origen y la divulgación ilegal de la carta, tanto frente a la Policía de Puerto Rico como ante el Departamento de Justicia local, que le requirió específicamente que “evaluara las actuaciones de la OPM”.

Una investigación interna concluyó que la OPM actuó “con los más rigurosos estándares de confidencialidad” y que la dependencia no propagó la presunta querella. “La misión de la OPM es proteger a las mujeres, no participar en controversias que desvíen la atención de lo verdaderamente importante. Por ello, resulta injusto e impreciso sugerir irregularidades cuando la agencia ha cumplido plenamente con sus responsabilidades de confidencialidad”, dijo Piñero, este lunes, mediante declaraciones escritas.

Al documento, Rodríguez Veve anejó cada una de las misivas que ha presentado ante las agencias locales.

“A pesar de estos esfuerzos, no se han provisto hallazgos investigativos significativos. La demora y el manejo inadecuado aparentan ser un patrón de irregularidades que afecta el curso de la investigación y la integridad de una agencia receptora de fondos de VAWA, lo que agrava el daño causado por la divulgación ilegal”, lee parte de la carta.