La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio el visto bueno para la compra, por parte de Genera PR, de seis unidades de respuesta rápida o “peakers” que completarán la flota de emergencia, una vez entren en servicio, a lo largo de 2027.

La transacción aprobada este miércoles consiste en la compraventa de las seis turbinas de combustión, a un costo de $311.2 millones, a RG Engineering, empresa a la que se adjudicó la solicitud de propuestas luego de que Genera PR cancelara, más temprano este año, un acuerdo previo con Wartsila North America.

Las seis máquinas compradas a RG Engineering se unirán a otras dos turbinas que la empresa Siemens suplirá para conformar la nueva flota de emergencia, es decir, las plantas que se encienden cuando el sistema enfrenta picos de demanda o se registran averías en las unidades de generación base.

El contrato de Siemens –que la JSF aprobó en enero– asciende a $173.4 millones, por lo que la compra de las ocho unidades supondrá una inversión de $484.6 millones cubiertos por fondos federales de reconstrucción. El costo supera el estimado que Genera PR había proporcionado al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en su informe de progreso en marzo, cuando proyectó que la inversión rondaría los $458.9 millones.

Al considerar los trabajos de instalación y la puesta en servicio de las ocho unidades nuevas, Genera PR estima que el costo ascenderá a los $911 millones, un monto que excede la proyección de $613 millones que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había hecho previo a la transición al operador privado. El NEPR ha advertido a Genera PR que impondrá multas si el gobierno federal no cubre alguna parte de la inversión que el reemplazo de la flota de respuesta rápida requerirá, al tiempo que la empresa ha replicado que el estimado de la AEE no se basaba en supuestos realistas.

Genera PR, a su vez, aún se expone a multas administrativas si no logra que las unidades nuevas estén en servicio antes del 30 de junio de 2026, plazo establecido por el NEPR. Aunque el proyecto de reemplazo originalmente tenía fecha de culminación para 2025, Genera PR estima que las unidades, que funcionarán primordialmente con gas natural, comenzarán a operar escalonadamente a lo largo de 2027.

Desde asumir la operación de la flota en verano de 2023, Genera PR ha apuntado al reemplazo de la flota de emergencia como una de las iniciativas claves para reducir la incidencia de relevos de carga, que ha exhibido una tendencia ascendente en los pasados años. Las dos unidades compradas a Siemens se instalarán en la central Costa Sur, en Guayanilla, y aportarán 100 megavatios (MW), mientras que las seis máquinas de RG Engineering se distribuirán entre las estaciones de Daguao (Naguabo), Yabucoa y Jobos (Guayama), con una capacidad combinada de 168 MW, para un total de 268 MW.

También el miércoles, la JSF aprobó los acuerdos de compra de energía entre la AEE y las tres empresas que salieron favorecidas en el segundo tramo de licitación de proyectos de energía renovable, un proceso que el NEPR administró.

El Solar Project San Juan, de acuerdo con la comunicación de la JSF, inyectará 20 MW en capacidad fotovoltaica, mediante un contrato de 20 años valorado en $110.4 millones, mientras que Marisol Power aportará 40 MW, con un pacto de 25 años y $257 millones.

En tanto, el proyecto CS-UR Vega Baja ST desarrollará una instalación de almacenamiento en baterías con capacidad de despachar 60 MW por cuatro horas. El contrato, según la JSF, pagará hasta $387.4 millones a lo largo de 20 años.

Los tres acuerdos del segundo tramo contemplan hasta dos extensiones de cinco años cada una y la JSF dispuso, como condición para las aprobaciones, que los proponentes procuren obtener financiamiento garantizado por la Oficina del Programa de Préstamos del Departamento de Energía de Estados Unidos. De obtener financiamiento que resulte en una reducción de costos, los términos de los contratos deberán renegociarse para producir ahorros a la corporación pública, indicó el organismo fiscal.

En una comunicación separada, la JSF igualmente dio paso al contrato propuesto con la compañía Infinigen Isabela, que tiene previsto desarrollar una instalación de almacenamiento capaz de despachar 50 MW por espacio de seis horas. La negociación con Infinigen –que ya opera la finca solar Oriana, en Isabela– forma parte de la iniciativa de desarrollar proyectos de almacenamiento en baterías en instalaciones existentes de generación mediante fuentes renovables o fósiles.