Un análisis de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el marco de los posibles recortes de financiamiento federal cuantificó el grado de dependencia de Puerto Rico en los fondos provenientes del gobierno estadounidense, que en el año fiscal 2024 representaron el 13.8% del producto interno bruto (PIB), triplicando el promedio de los 50 estados.

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Según el informe que la JSF publicó el 30 de mayo, la proporción de fondos federales sobre el PIB en Puerto Rico superó marcadamente la de Misisipi, el estado más dependiente, donde las transferencias del gobierno de Estados Unidos equivalieron al 9.1% de su PIB. El promedio de los estados fue de un 4.5%.

La dependencia en Puerto Rico es aún más profunda si se toma como base el producto nacional bruto (PNB) –que, contrario al PIB, solo toma en cuenta el valor de los bienes y servicios producidos por puertorriqueños, excluyendo a las empresas foráneas–, indicador en el que los fondos federales representaron un 20.2% el año fiscal 2024. En ese período, el gobierno central recibió $17,320 millones en fondos federales, mientras que el PNB fue de $86,419 millones y el PIB, de $125,842 millones.

“Puerto Rico se encuentra cerca del tope de los estados y territorios con la mayor proporción de fondos federales como proporción del presupuesto total. Esta dependencia es mayormente debido a la escala de múltiples fondos no recurrentes de alivio ante desastres y pandemia provistos a estados y territorios por el gobierno federal en respuesta a condiciones recientes de salud pública y económicas. Aproximadamente, el 40% de la población vive bajo el umbral de pobreza, lo cual es mucho más alto que el promedio nacional de Estados Unidos de 12.7% y más del doble de la tasa de pobreza de 18.9% en Luisiana, el estado con la tasa de pobreza más alta”, recalcó la JSF, en el informe titulado “Fondos federales y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

En el año fiscal 2024, el 49% del presupuesto consolidado del gobierno central provino del gobierno federal, solo por detrás del 50% registrado en Luisiana y Guam, un territorio de menos de 200,000 habitantes en el océano Pacífico. En el caso de Puerto Rico, esa proporción se redujo levemente a un 46% en el año fiscal 2025, que concluye el 30 de junio.

Sin embargo, la JSF precisó que, si se consideran únicamente los fondos recurrentes –excluyendo partidas por desastres naturales y el COVID-19–, la tasa de fondos federales se reduce a un 31%, incluso por debajo del promedio nacional de 35%, lo que subraya la dependencia específica sobre las asignaciones extraordinarias de los pasados años.

El año fiscal 2025, precisamente, reflejó la cuantía más elevada de fondos no recurrentes, ascendiendo a $4,924 millones, monto que se reduciría a $3,356 millones en el período fiscal entrante y se desplomaría a $1,973 millones en 2027, según las proyecciones del organismo que controla las finanzas del país.

El sector educativo, de acuerdo con la JSF, se enfrenta al reto adicional de potenciales congelaciones de fondos debido a las políticas implantadas por la administración de Donald Trump de revertir asignaciones autorizadas en el contexto del COVID-19. Además de $519 millones en el año fiscal 2025, la JSF identificó otros $407 millones del Departamento de Educación que están “potencialmente en riesgo” en el año fiscal 2026, para un total de $926 millones en la cuerda floja.

“En el año fiscal 2025, aproximadamente $1,400 millones de fondos federales no recurrentes del Departamento de Educación que apoyan (medidas contra el) COVID-19 y otros esfuerzos de recuperación de desastre podrían expirar, representando el 58% de los fondos federales del Departamento de Educación”, advirtió el organismo.

“Tasas más altas de fondos no utilizados presentan riesgos continuos para el presupuesto de Puerto Rico, por lo que es imperativo que Puerto Rico despliegue esos fondos tan rápido como sea posible”, agrega el informe.

La posibilidad del llamado “precipicio fiscal” asociado a las asignaciones de Medicaid –que se produciría en octubre de 2027 de no renovarse legislación federal que aumente las partidas y el porcentaje de pareo al cuidado médico– es el otro elemento de mayor riesgo que enfrenta Puerto Rico. En ese escenario, para el año fiscal 2028, las asignaciones de Medicaid se reducirían a $1,428 millones, seguido de $489 millones en 2029, lo que obligaría al gobierno estatal a aumentar su aportación al Plan Vital –que cubre a cerca de 1.4 millones de personas– desde los $727 millones actuales a más de $4,200 millones.

En cambio, la JSF prevé mayor estabilidad en el sector de la asistencia alimentaria, en el que, pese a no haber progresado la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que aplica a los estados, se proyecta un incremento gradual en las partidas disponibles. Al año fiscal 2029, la JSF calcula que Puerto Rico recibirá $3,311 millones, frente a $2,927 millones en el presupuesto vigente, si bien el incremento supone ajustes por inflación, que no están garantizados en las discusiones que se mantienen actualmente a nivel congresional.