Tras semanas de negociaciones, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) volvió a identificar numerosas deficiencias en el contrato acordado entre New Fortress Energy (NFE) y el gobierno para el suplido a largo plazo de gas natural licuado (LNG, en inglés), al exponer señalamientos que contravienen las afirmaciones que la administración de Jenniffer González ha reiterado en pasadas semanas a los efectos de la flexibilidad que el acuerdo –de materializarse– ofrecería para permitir que terceros suministren combustible en determinadas circunstancias.

El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, sostuvo que el pacto de siete años, en efecto, redundaría en ahorros –que estima entre $4,000 millones y $8,000 millones– al compararse con la versión que se sometió a consideración del organismo en junio, que se extendía por 15 años y estaba valorado en unos $20,000 millones. No obstante, a juicio de la JSF, las economías son significativamente menores a las que ha calculado la primera ejecutiva, quien ha asegurado que el contrato propuesto produciría ahorros de $16,000 millones.

Mujica también reconoció que el acuerdo negociado por medio de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) removió cláusulas que hubieran concedido exclusividad a NFE para hacer entregas de LNG a múltiples instalaciones de generación eléctrica en el futuro, así como reducciones en los volúmenes mínimos de combustible que el gobierno estaría obligado a comprar anualmente, independientemente de la necesidad.

Bajo la primera versión, el llamado “take-or-pay” hubiera comenzado en 50 trillones de unidades térmicas británicas (TBtu) y hubiera incrementado automáticamente a 70 TBtu para 2028, mientras que, tras la renegociación, el volumen mínimo de LNG arrancaría en 40 TBtu y podría elevarse a 50 TBtu si se aprueba la gasificación de tres generadores portátiles en la central Palo Seco.

La carta de Mujica del viernes, dirigida al director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón; el presidente del 3PPO, Osvaldo Carlo; y el jefe de Asuntos Regulatorios de Genera PR, Ricardo Pallens Cruz, subraya, sin embargo, que el contrato propuesto sigue exhibiendo una serie de condiciones que colocarían al sistema eléctrico en una posición de debilidad similar a la que ha experimentado las pasadas dos semanas, cuando NFE ha sido incapaz de suplir el LNG que requieren las unidades de generación en la costa norte.

El Nuevo Día solicitó este sábado y aguarda por una reacción de La Fortaleza, luego de que, más temprano el viernes, González urgiera a la JSF a agilizar la aprobación del contrato.

Contrario a lo que la gobernadora ha repetido en pasados días, Mujica estableció que, “bajo el contrato propuesto, el gobierno ni Genera sería capaz de reclutar a un tercero que supla LNG en situaciones como esta”. “Por lo tanto, es imperativo que el contrato propuesto efectivamente permita a Genera y el gobierno procurar a terceros que accedan al terminal y suministren LNG, especialmente cuando la seguridad energética de Puerto Rico está en la balanza”.

De acuerdo con Mujica, las cláusulas incluidas con el objetivo de romper el monopolio del terminal que NFE administra en la bahía de San Juan, en la práctica, son inoficiosas, porque dependen de mecanismos –como las transferencias de gas “barco a barco”– que no están autorizados bajo las regulaciones vigentes o porque descansan en la disposición de la gasífera a negociar el acceso caso a caso.

“Según redactado, el contrato propuesto provee acceso al terminal solo bajo circunstancias muy limitadas. Más aún, dado que las transferencias barco a barco no están permitidas al presente, la cláusula no tiene efecto inmediato. El acceso de Puerto Rico al LNG en el terminal de San Juan está sujeto a la discreción del vendedor (NFE) de negociar con un suplidor externo cuando sea incapaz de cumplir sus obligaciones”, enfatizó.

De otra parte, si bien el acuerdo preliminar removió ciertas condiciones de exclusividad, Mujica puntualizó que no ha atendido los posibles conflictos de interés causados por la relación de NFE como matriz de Genera PR, operador de la flota de generación. Señaló, por ejemplo, que los estimados de consumo de LNG fueron preparados por Genera PR sin que se produjera una validación independiente por parte de las entidades gubernamentales o el 3PPO, ejercicio que la JSF instruyó a realizar previo a reconsiderar el contrato.

Asimismo, la carta esboza que Genera PR figuraría como el único contratante, convirtiéndolo en “la única parte responsable de hacer valer las provisiones contractuales contra el vendedor, su propia compañía matriz”.

En esa línea, Mujica mencionó que, bajo los contratos vigentes, según el 3PPO, NFE adeuda unos $17 millones asociados a incumplimientos a las entregas de LNG que no se han pagado porque “el vendedor ha alegado (causas de) fuerza mayor”.

“Por lo tanto, es vital que la AAPP, la Autoridad de Energía Eléctrica y/o el 3PPO sean parte del contrato propuesto, de forma que sus provisiones sean diligentemente monitoreadas y ejecutadas”, puntualizó.