La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se alineó con el reclamo de LUMA Energy de que la adjudicación sobre la naturaleza de sus controversias con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) debe permanecer bajo la jurisdicción del tribunal especial de quiebras creado bajo el Título III de la ley Promesa, en lugar de remitirse al foro estatal, como contempla el contrato del operador de la red eléctrica.